El presidente Carlos Mesa presentaría su renuncia irrevocable

El Congreso de Bolivia rechazó el adelantamiento de las elecciones

La mayoría de los partidos políticos consideró que la propuesta oficial es inaceptable e inconstitucional

La Paz. - El Congreso de Bolivia rechazó por mayoría un pedido del presidente Carlos Mesa de anticipar las elecciones generales para el próximo 28 de agosto, luego de más de cinco horas de sesión y en medio de versiones contradictorias sobre la eventual renuncia irrevocable del jefe de Estado. La mayoría de los 157 legisladores no dio curso al pedido de Mesa de adelantar las elecciones presidenciales y legislativas por considerarla inaceptable y anticonstitucional. El Congreso "resuelve declarar inaceptable la solicitud del presidente de la república por carecer la misma de toda base legal y por ser contraria a la Constitución política del Estado", señaló la resolución.

El jefe de Estado había pedido al Congreso esa norma para adelantar los comicios y acortar su mandato, que finaliza en agosto de 2007, disgustado con la sanción de Diputados a un proyecto de ley de hidrocarburos distinto del que Mesa pretendía y había acordado con las compañías trasnacionales del sector. Como reacción al proyecto votado en la Cámara baja, que lleva de 200 a 600 millones dólares el ingreso anual del Estado por la explotación de los hidrocarburos, Mesa dijo el martes que se sentía "profundamente frustrado". "Retiro formalmente mi defensa de la ley de hidrocarburos, no voy a ir un solo minuto más a ese Congreso", había expresado también. "El Ejecutivo deja de actuar en esa ley, que el Congreso vea qué va a hacer". No obstante, pidió al mismo Congreso una ley para adelantar las elecciones de presidente y vice, legisladores y constituyentes, rechazada ayer por una mayoría parlamentaria que lo consideró un proyecto "inaceptable e inconstitucional".

De momento no se conoce una reacción del jefe de Estado, quien había dejado abierta la posibilidad de renunciar en caso de que el Parlamento negara su petición, según habían anticipado los legisladores oficialistas Wilman Cardozo y Filemón Escobar. Fuentes de Palacio de Gobierno que hablaron bajo la condición del anonimato dijeron que se vislumbraba la inminente dimisión del gobernante, aunque otros voceros legislativos desecharon esa posibilidad. Partidarios del gobernante, como el diputado Wilman Cardoso y el senador Filemón Escobar, anunciaron previo a la votación que si el Congreso rechazaba su pedido, Mesa renunciaría "irrevocablemente".


"Trampa al pueblo"
El líder cocalero Evo Morales, jefe del Movimiento al Socialismo (MAS, oposición), juzgó el proyecto como una "trampa para el pueblo boliviano". "Rechazamos esta convocatoria", sentenció Morales, al indicar que "es una forma de postergar los cambios profundos al modelo económico y especialmente al sistema político" del país. La iniciativa -que Mesa describió como una "ley interpretativa para lograr una salida constitucional a este momento tan difícil"- se basa en el artículo 93 de la Constitución, que establece el mecanismo de sucesión presidencial en caso de muerte o renuncia.

Dicha propuesta ha sido calificada de "inconstitucional" por diversos sectores, aunque expertos recuerdan que en la década de los 80 se registró una situación similar, cuando el entonces presidente Hernán Siles Zuazo pidió el acortamiento de su mandato y la convocatoria a elecciones.

Al intervenir ayer en la sesión, el diputado Guido Añez, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), manifestó su rechazó a la propuesta gubernamental, que juzgó como no "adecuada" a la Carta Magna. "Por no ser lo que necesita el país, debería devolverse este proyecto de ley", agregó Añez, quien invitó a conformar "un gran acuerdo político y social". Huascar Suárez, de la Acción Democrática Nacionalista (ADN), señaló, entretanto, que ese partido -con escasa participación legislativa- aceptaba el desafío de convocar a nuevas elecciones.

Los jefes de las principales bancadas del Congreso, desde los partidos tradicionales de derecha a las fuerzas de izquierda, habían acordado ya la noche del miércoles el rechazo al proyecto de ley para anticipar las elecciones. El acuerdo fue sellado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR), los tres partidos que integraron el gobierno neoliberal del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, forzado a renunciar en octubre de 2003 por una rebelión popular conocida como la "guerra del gas". También lo firmaron los dos partidos de izquierda opositora con representación parlamentaria, el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), de destacado papel en el derrocamiento de Lozada, desde entonces refugiado en EEUU y sucedido por Mesa el 17 de octubre de 2003.

En tanto que Evo -como se le conoce en el país al dirigente opositor- señaló que "el presidente de la república debe cumplir con la agenda de octubre de 2003", que contempla la realización de la Asamblea Constituyente y la aprobación de la ley petrolera.

Mesa asumió el poder en octubre de 2003, tras la renuncia de su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, enfrentado en ese entonces a una revuelta popular que dejó al menos 56 muertos.

La semana pasada, el presidente retiró su renuncia tras un acuerdo con las bancadas de los partidos tradicionales, que controlan el Congreso, para poner fin a las protestas con bloqueos de ruta y sancionar una nueva ley de hidrocarburos. Pero la Cámara baja votó en favor de un proyecto de ley distinto que el postulado por Mesa, que lo consideró "inviable" y en cambio fue celebrado como un triunfo por el MAS de Evo Morales.

"Logramos un gran triunfo porque se rechazó el proyecto del gobierno y se votó que el país obtenga un 50 por ciento de los ingresos petroleros en forma inmediata y sin deducciones de ningún tipo", dijo el diputado socialista Jorge Alvarado, en declaraciones telefónicas desde La Paz.

Tras la votación de la Ley de Hidrocarburos en Diputados, el MAS y diversos movimientos sociales llamaron a la suspensión de los bloqueos de ruta y dijeron que pondrían definitivo fin a las protestas cuando aprobara esa norma el Senado.

El Parlamento dejó en manos del gobierno la decisión de continuar.