Ida y vuelta hacia el encierro

Un joven fue condenado a 4 años por no mostrar signos de recuperación. Cada vez que salió de un instituto, reincidió. Un ejemplo de las fallas del régimen tutelar

María Laura Cicerchia / La Capital

Emilio G. lleva, en cada uno de los delitos que lo tuvieron como imputado, el sello del fracaso del régimen tutelar. Reincidió tantas veces como salió de los institutos donde estuvo alojado cuando era menor de edad. Ahora que es mayor, esa carencia de lugares específicos para el trabajo con jóvenes en conflicto con la ley se paga con más encierro: lo condenaron a 4 años de prisión efectiva al no mostrar signos de "recuperación".

Las últimamente reiteradas condenas a menores exponen, en general, más una carencia que una solución: ante la ausencia de establecimientos que permitan la readaptación de los menores, la prisión aparece como única propuesta cuando han caído repetidamente en el delito. Un punto en el que coinciden desde los mismos magistrados que firman sus condenas hasta los especialistas en minoridad.

Los jueces de Menores, a propósito de la retención de chicos en dependencias policiales, le exigieron más de una vez al Gobierno la creación de lugares especializados. Incluso está en trámite un hábeas corpus para que no haya más adolescentes a cargo de la policía, pero ese emplazamiento judicial al Estado se prorroga año a año.

Esta vez, la condena ante el fracaso de la tutela se patentizó en el caso de un muchacho de 19 años que cuando era adolescente robaba bicicletas. Tres robos de esa clase, cometidos con armas, llevaron a que el juez de Menores Nº1, Jorge Zaldarriaga, lo condenara a 5 años de cárcel. Las sentencias a menores se aplican cuando fueron declarados autores penalmente responsables de uno o más delitos y, transcurrido al menos un año de tratamiento tutelar, no muestran una evolución favorable.

El fallo fue apelado e intervino un tribunal superior, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Los jueces Ernesto Pangia, Alberto Bernardini y Eduardo Sorrentino lo confirmaron, aunque redujeron el monto de la pena a 4 años de cárcel. Es que a dos de los asaltos el joven los había cometido con armas que no fueron secuestradas. Por lo tanto, no pudo probarse la aptitud para el disparo y eso -tras la reforma impulsada por Juan Carlos Blumberg- atenuó la pena para estos delitos.


Ladrón de bicicletas
El muchacho fue condenado por sustraer dos bicicletas el 1º de septiembre de 2001, tras intimidar con un arma de fuego y acompañado por otro menor a Víctor Sebastián Sangría y a Matías Ferraresi. Un año después, el 1º de julio de 2002 intimidó -también con un arma de fuego- a María Ofelia Herrera. Le robó una bicicleta playera rodado 26 que luego vendió en 30 pesos. Y el 10 de agosto de 2003, junto a otro menor, se apropió de una moto Guerrero Magic de 70 centímetros cúbicos amenazando con un cuchillo a su conductor, Víctor Santos Coronel.

El joven, además, está procesado en una causa por robo y resistencia a la autoridad cometida como mayor de edad. En una audiencia con los jueces, el fiscal y defensor del caso, el joven pidió que le dieran otra oportunidad y expuso su deseo de reconocer a su segundo hijo. Pero su hermano y su madre admitieron con impotencia la inutilidad de sus esfuerzos por "reintegrarlo a la comunidad".

Al momento de debatir si correspondía o no condenarlo, la asesora de menores del juzgado que trató con él planteó que la condena va contra los derechos del menor: sostuvo que debe evitarse la prisión porque no resocializa ni educa. No obstante, el joven fue condenado por dos motivos que son cara y contracara de un mismo fenómeno: sus reincidencias cada vez que estuvo libre y el evidente fracaso del tratamiento tutelar.