Crecer en la pobreza aumenta 10 veces el riesgo de sufrir alguna discapacidad

La inclusión a la escuela sigue siendo un derechono respetado para cientos de niños

Argentina tiene casi 240 mil niños, niñas y adolescentes menores de 15 años con capacidades especiales, y muchos de ellos son víctimas de prejuicios y obstáculos cuando tratan de acceder a sus derechos básicos, una situación que amenaza con agravarse en el país porque los niños que crecen en la pobreza tienen diez veces más posibilidades de sufrir algún tipo de discapacidad. La afirmación fue recogida entre expertos y organizaciones sociales consultados por la organización no gubernamental Periodismo Social y difundida en un informe preparado por la misma organización.

Las faltas más notorias para estos niños son la inclusión en escuelas regulares, en actividades recreativas en general y el acceso a servicios de estimulación temprana, rehabilitación y detección precoz.

Las personas con algún tipo de discapacidad son 2.176.123 en total y representan el 7,1 % de la población del país, según los datos de la primera Encuesta Nacional de Discapacidad (Endi), presentada en noviembre de 2004. De ese total, 11,5 % son niños, niñas y adolescentes menores de 15 años con derechos a un desarrollo integral en condiciones de equidad y a ser incluidos en la sociedad como ciudadanos activos.

Organizaciones sociales especializadas hacen notar que una de las dificultades más grandes que enfrentan quienes tienen algún tipo de discapacidad es la invisibilidad. Por eso los problemas de esta población no llegan nunca a ser una prioridad y faltan respuestas e inversión por parte del Estado para asegurar las prestaciones necesarias.

Para que las dificultades que atraviesan los niños con capacidades diferentes comiencen a ser una prioridad es fundamental comprender que "las personas con discapacidad son ciudadanos, sujetos plenos de derechos que deben ser reconocidos como iguales con sus diferencias", afirma Carlos Eroles, coordinador del Comité de Evaluación del Seguimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas.

La forma más clara de la discriminación es imaginar una sociedad donde todos tienen las mismas capacidades y habilidades, sin tener en cuenta que hay quienes necesitan recursos o servicios especiales. Sin embargo, esos servicios especiales no suelen estar asegurados por el Estado.


Estado ausente
El presidente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), dependiente de Presidencia de la Nación, Jorge Mascheroni, afirma que durante los últimos años el Estado ha estado ausente en las políticas de discapacidad pero asegura que "esto se está revirtiendo con los planes que la Conadis está elaborando para articular acciones con cada provincia y capacitar a todas los actores sociales que están en contacto con personas con discapacidad: médicos, agentes sanitarios, comunidad educativa y familias".

Los procesos de inclusión han tenido algunos avances positivos, aunque persisten aún barreras culturales que tienden a la exclusión de lo diverso. Como consecuencia, las calles, las estaciones y unidades de transporte, las escuelas, los hospitales, los lugares de esparcimiento y los medios de transporte no cumplen con los requisitos que requieren las personas con discapacidad para hacer uso de ellos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

Precisamente una de las dificultades más grandes que tienen los niños con discapacidades son los traslados y el desconocimiento de los padres acerca de los derechos de sus hijos. "Muchos papás y mamás no saben que pueden reclamarle al Estado distintas prestaciones o no tienen los recursos para hacerlo", comenta Cecilia Gascó, de la Fundación Ipna.

Los problemas que enfrentan los chicos con discapacidad son muchos y, por ahora, las respuestas pocas. Argentina tiene de las mejores legislaciones sobre personas con discapacidades, pero también la que más se incumple, denuncian las organizaciones.

La leyes 22.431 y 24.901 establecen los derechos de las personas con discapacidad a acceder a la estimulación temprana, a la educación inicial y a la educación general básica, a centros de rehabilitación psicofísica y a centros educativos terapéuticos, entre otros derechos.

Para acceder a estos servicios las personas deben obtener un certificado de discapacidad que emite el Ministerio de Salud de la Nación. "Las personas que tienen mayor conciencia de sus derechos logran obtener las prestaciones que por ley le corresponden a través de un recurso judicial, pero cuando a los más pobres se les niega el servicio vuelven a su casa sin atención", dice Eroles.

Los recursos de amparo se transforman a veces, frente a la negación de las prestaciones, en el único modo de garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Chicos y chicas con necesidades especiales conforman uno de los grupos de la población más afectados en sus derechos, respecto de los servicios que el Estado les debería garantizar. "Los sistemas de detección precoz y estimulación temprana no están armados ni previstos en el Programa Materno Infantil, aun cuando son de bajo costo, y el Plan Alimentario Nacional tampoco contempla las necesidades especiales de alimentación", denuncia Díaz de la CTA.

Tampoco todos los hospitales públicos tienen servicios de rehabilitación psicofísica. La situación parece ser más crítica todavía en las provincias. En muchos lugares los hospitales públicos están alejados y las familias pobres no pueden costearse el viaje.

Las organizaciones denuncian que gran parte de estas situaciones críticas tiene su origen en las restricciones presupuestarias y la desviación de fondos legalmente asignados al financiamiento de prestaciones para las personas con discapacidad.

Respecto a la inclusión escolar, entre los principales obstáculos, las organizaciones citan que muchas escuelas no están preparadas para recibir chicos con discapacidades por la ausencia de maestras integradoras, por la falta de infraestructura edilicia y muchas veces, también por prejuicios o resistencias de padres, maestros y directivos.

Fuente: www.periodismosocial.org.ar