Entrevista a la directora provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal

"En menores, apostamos a las penas alternativas a la privación de libertad"

Raquel Sandoz asegura que la línea de trabajo apunta a la recuperación de los chicos antes que al castigo

Hernán Lascano / La Capital

Hace dos años Raquel Sandoz encabeza la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal en Santa Fe. Un área rebasada por el alto deterioro de chicos que, a menudo, derivan hacia el delito porque otros horizontes de vida, ausencia del Estado mediante, les han sido negados. Esta funcionaria plantea que es indispensable el seguimiento de las primeras causas penales de los chicos, para aplicarse desde allí a los objetivos de disuasión. Asegura que no es la del encierro sino la de la libertad asistida la perspectiva de trabajo hacia el joven en conflicto, que en Rosario especialmente se va erradicando la práctica ilegal de mantener a menores en comisarías y que en las dependencias policiales donde van quedando se tiende a una gestión mixta donde los profesionales de la repartición a su cargo tienen intervención. Sandoz subraya que la reciente incorporación a planta permanente de operadores y profesionales indica el trazado de una línea donde se busca abordar la problemática del menor desde la vocación de la recuperación y no del castigo de los chicos en conflicto. Y dice que aunque hay una orden judicial de ejecución postergada para desalojar de menores las comisarías de Rosario, durante dos años se concretaron las plazas que se requerían para transferir a esos chicos de seccionales a institutos.

-¿Ustedes están pensando en convertir al instituto de menores de General Lagos en un lugar de puertas cerradas?

-No... Este instituto venía con una población menor, un promedio de cinco chicos internados, sobre una capacidad de 25 plazas. Y se estaba deteriorando la situación edilicia. En sintonía con la legislación, hemos conseguido con los jueces alternativas a la privación de la libertad, y la mayoría de los chicos se fueron con libertad asistida.

-¿Es decir que se fueron a sus casas?

-Sí, pero con un seguimiento nuestro. Con atención psicológica, programas de apoyo profesional o capacitación laboral.

-¿Y qué va a pasar con el instituto?

-Tenemos que acondicionarlo un poco para dejarlo con 20 plazas. Y pensamos colocar un alambrado. No se instalará un doble cerco perimetral. Simplemente, como se hace en una casa, tenderemos un alambre para delimitar el terreno, algo que pusimos en práctica en la residencia juvenil de Coronda, donde los operadores de menores lo propusieron como una protección de los chicos del afuera. Pero no habrá cambio de estatus: General Lagos seguirá siendo un instituto de puertas abiertas. Los jueces vieron lo que pasaba en Coronda y la consideraron una medida aceptable. Hay que tener en cuenta que los menores en estas instituciones tienen salidas si la etapa del tratamiento lo permite. Creo que podríamos utilizar mucho mejor estas herramientas, casas de puertas abiertas y libertad asistida, con mucha más tranquilidad de este modo.

-¿Cómo evalúan ustedes la situación de menores en comisarías en Rosario?

-Hasta hace muy poco había menores en tres comisarías en Rosario: la 6ª, la 11ª y la 21ª. En las dos últimas ya no hay, quedan solamente en la 6ª. La comisaría no es lugar para permanencia de los menores, pero es un tránsito necesario. Una primera etapa hasta la declaración, el diagnóstico y la derivación que se necesita porque a veces en institutos ocurren algunos incidentes entre menores por una cuestión de convivencia.

-Pero lugares como el Centro de Alojamiento Transitorio (CAT), en Dorrego al 900, que es una dependencia policial controlada por personal policial, ¿qué tiene de distinto de una comisaría? ¿Hay programas de recuperación para los chicos que están allí?

-Me gustaría tener aquí un informe de las Cámaras que es muy positivo en cuanto al Irar (Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario) y al CAT. Si bien el CAT es una dependencia policial, esta Dirección implementó un método de gestión mixta. Todo lo referente a la asistencia al menor, al igual que el equipo profesional médico, lo brinda personal nuestro. Algunas actividades de taller, música y deportes que se organizan allí lo hacen un lugar distinto de una comisaría. Es cierto que tampoco es un instituto, por eso es una gestión mixta. Pero la policía está allí a cargo de la seguridad, no de la atención de los chicos. Tomo del juez de Menores Jorge Zaldarriaga una frase bastante gráfica sobre el CAT: dijo que veía en ese sitio un trato desmilitarizado. Por hablar con ellos, creo que los jueces de menores piensan que se ha conseguido instalar un ojo civil en esas dependencias, que son policiales con gestiones mixtas.

-No solamente hay menores en la comisaría 6ª. A mitad de noviembre había en Policía Femenina (comisaría 7ª), Roldán, Jefatura de Casilda.

-Bueno, en esos lugares también se implementó la gestión mixta. En Policía Femenina tenemos otro tipo de problemas. Hay dos chicas por causas penales, todas las demás son por causas sociales (por abandono o maltrato familiar por ejemplo). Eso escapa a nuestra incumbencia.

-Es cierto que no es su incumbencia, pero es alarmante que un niño con un problema penal pueda convivir hoy con uno que proviene de una situación de abandono.

-Sí. Cuando se gestionan los presupuestos siempre pienso que es deseable que me den menos a mí y más a los que hacen prevención. No para que yo trabaje menos, sino porque estaríamos mejor todos.

-Un hábeas corpus aceptado judicialmente, que pide el desalojo de menores de comisarías en plazos inmediatos, lleva dos años sin cumplirse. ¿Cómo analiza eso?

-No es que desde 2002 hasta ahora no estuvimos haciendo nada. En el hábeas corpus se pedían 70 plazas para descomprimir menores alojados en la 6ª, 11ª y 21ª. Como dije, en la 11ª y la 21ª ya no hay menores. Desde ese momento construimos cinco plazas más en General Lagos. Las 40 plazas del CAT sirvieron también para desalojar comisarías con esa mirada civil de la que hablábamos. Y en pocas horas tal vez estén terminadas otras 24 plazas del Irar. Todo esto da 69 lugares de los 70 que pedía el hábeas corpus.

-Lo que pasa es que en ese mismo lapso aumentó el número de menores detenidos.

-Si me preguntan si estoy conforme, por supuesto que diré que no. Pero apuesto a las medidas alternativas a la privación de la libertad. Y más aún a una nueva gestión, que está planteada en el Plan de Seguridad y Justicia de la provincia, que es intervenir sobre los menores desde sus primeras causas penales con un propósito preventivo.

-¿Los programas de libertad asistida se han mantenido en el tiempo? ¿Y el número de operadores y profesionales que trabajan en ellos?

-La cifra de operadores y profesionales crece. En julio de 2004 incorporamos a planta permanente a 136 personas que estaban en una situación precaria y estamos pensando en que se regularizará en enero a la parte del personal que tiene menos de dos años de antigüedad. Es decir que hay nombramientos.

-¿Quiere decir que el criterio del encierro no prevalece en la línea de su gestión?

-Hoy estamos en el peor momento porque estamos con chicos con alto nivel de deterioro. No podemos negarnos a lugares cerrados. Sin embargo apelamos a tomar a los menores que tengan su primera causa penal, no para encerrarlos sino para brindarles contención y tratamiento psicológico. Que esa primera intervención implique un mensaje: "Vos hiciste esto, nosotros estamos acá controlándote". De modo que eso sirva para prevenir otras causas. En Rosario llevamos 200 oficios por primeras causas y 69 en la ciudad de Santa Fe. Esto implica que estamos trabajando en 269 menores con casi nada de deterioro y con grandes posibilidades de recuperación. Eso es importante.

Sandoz propicia contención antes que encierro para los chicos.