Editorial:

La defensa del medio ambiente

Desde hoy y hasta el 17 de diciembre deliberará en Buenos Aires la Décima Convención sobre Cambio Climático (COP-10), de la que toman parte más de 5.000 delegados de 189 países. El encuentro viene impregnado de optimismo a raíz de la reciente adhesión de Rusia al Protocolo de Kyoto, que permite destrabar la puesta en funcionamiento de medidas para detener el calentamiento global del planeta y abrir las puertas para millonarias inversiones en el sector energético, en planificación estratégica y el mercado de emisiones.

Se trata, sin dudas, de una gran oportunidad para hacer un balance de todo lo realizado hasta ahora y de replantear los objetivos, sobre todo en torno al reforzamiento de las acciones comunes entre las naciones y, -como señalan los especialistas- en la cooperación de los países ricos hacia los pobres para que se adapten a los cambios climáticos y reduzcan el impacto en su vida social y económica, ya que son los más vulnerables a las acciones devastadoras.

Según un informe de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los efectos que tendrá hasta 2080 el calentamiento global sobre América latina y el Caribe parece extraído del Apocalipsis. El impacto principal se dará por el aumento de las temperaturas y modificaciones en los patrones de precipitaciones, provocando largas sequías o precipitaciones. Y asegura que, de continuar esta tendencia, las áreas templadas de la Argentina y Chile van a desaparecer.

El documento precisa que la producción de cultivos que no necesita irrigación afrontará dificultades y en Sudamérica las tierras que no recibirán las lluvias imprescindibles pasarán de 170 a 320 millones de hectáreas. En el noreste de Brasil y la Amazonia la duración del período de crecimiento de los cultivos será mucho más corta por efecto del recalentamiento. Y en el noreste de Argentina y en Uruguay las precipitaciones variarán de año a año, impidiendo predecir la productividad agrícola.

Para tener una mayor dimensión del drama, el informe señala que en América latina, en el período 1970-2001, los desastres naturales dejaron un saldo de 246.569 víctimas mortales y casi 145 millones de personas afectadas, con un daño económico de 68.600 millones de dólares.

Ojalá entonces que en esta convención se logre un debate tan riguroso como comprometido sobre la gravedad del problema. Resulta imperioso implementar mejores acciones para reducir los costos y persuadir a aquellos grandes países productores de gases, como EEUU, a adherir al Protocolo de Kyoto. Porque de las consecuencias ninguno quedará ajeno.