Democracia vs. superpoderes

Susana García (*)

La división de poderes y el control entre los mismos es una garantía para la vigencia de los derechos de todos los ciudadanos. Es por ello que nuestra Constitución nacional establece en el artículo 29: "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria".

Porque allí donde desaparece la división de poderes, desaparecen los límites al despotismo de unos pocos y aparece el puro poder, la pura fuerza que implica la negación de las minorías, la desaparición de los derechos de los sin poder y la concentración de las riquezas en pocas manos.

El gran desafío del presidente Kirchner en esta etapa era colaborar en la reconstrucción institucional de la democracia y, junto con ella, de los derechos económicos-sociales de los ciudadanos, avasallados en la era menemista y en el patético paso de De la Rúa y el caótico período Duhaldista. Sin embargo, pareciera no haber asumido el desafío y, como un triste reflejo de la década pasada, nos ofrece más de lo mismo, pretendiendo que la Cámara de Diputados sancione la prórroga de la emergencia económica para todo el año próximo y que el Senado convierta en ley el presupuesto nacional 2005, ambos con delegación de facultades en el Poder Ejecutivo vulnerando la división de poderes que establece la Constitución nacional.

El presupuesto es la herramienta por la cual todo un pueblo y las provincias, a través de sus representantes reunidos en el Congreso nacional, deciden el reparto de los ingresos del Estado de un período anual. El Poder Ejecutivo es el encargado de ejecutarlo del modo que decidan los representantes del pueblo y las provincias.

La pretensión actual del Poder Ejecutivo, que el jefe de Gabinete pueda reasignar partidas del presupuesto, implica una grave violación de la Constitución y un potencial peligro en el avasallamiento de los derechos de los ciudadanos.

En un estado de derecho, el jefe de Gabinete debe ejecutar el presupuesto y nunca tener la facultad de modificarlo, alterarlo o cambiarlo, permitirlo es ser cómplices de una nueva puesta en escena del Poder Ejecutivo que pretende convertir al Congreso en una cáscara vacía.

Permitir desde el Congreso nacional la flagrante violación de la Constitución nacional, delegando en el Poder Ejecutivo atribuciones que nos son propias y para las cuales el pueblo nos votó, implica un renunciamiento al cumplimiento de nuestras obligaciones y función de control.

No se entiende, por vía de la razón, que un partido gobernante con mayoría en ambas cámaras, deba recurrir a mecanismos impropios de la democracia para gobernar. Sumemos a esto los decretos de necesidad y urgencia que ya superan en número a los dictados por Menem y De la Rua juntos.

La prórroga de la emergencia económica y la ley de presupuesto, tal cual están planteadas, constituyen leyes de otorgamiento de superpoderes que nacen inconstitucionales.

El artículo 29 de la Constitución es claro y llama infames traidores a la Patria a quienes confieran la suma del poder público al Poder Ejecutivo. Desde el ARI decimos no a los simulacros de democracia, decimos no a la delegación de poderes, decimos no a los decretos de necesidad y urgencia, no a las emergencias económicas invocadas para la suma del poder público en un solo poder.

Cuando decimos no, apelamos a la memoria de las causas y consecuencias de los no que les dijimos a De la Rúa, Cavallo y Duhalde. Nunca votamos, ni votaremos leyes que nacen nulas de nulidad absoluta, que violan el artículo 29 de la Constitución nacional, que significan renunciar a la división de poderes y la posibilidad de que los derechos de los argentinos sigan siendo violados.

El Congreso de la Nación debe decidirse a asumir las funciones que el pueblo le delegó o resignar sus funciones y convertirse en cómplice de un nuevo simulacro de democracia.

(*) Diputada nacional del ARI