Justicia y militares responsables de abusos en dictadura chilena

Santiago. - El Poder Judicial chileno es tan culpable como las fuerzas armadas por la política institucional de torturas que implantó la dictadura del general Augusto Pinochet, según un informe especial que recogió los testimonios de 35.000 víctimas de flagelos. El contenido del informe fue delineado el domingo en la noche por el presidente Ricardo Lagos en un mensaje transmitido por una red de radio y televisión.

El presidente subrogante de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, declinó ayer comentar la dura alusión al Poder Judicial contenida en el informe oficial sobre tortura y prisión política porque aún no tenía una copia.

Partes importantes del informe están publicadas en la prensa de ayer, en los medios electrónicos y el documento completo, de tres tomos, está disponible en Internet.

El documento fue elaborado por un grupo de profesionales escogidos por Lagos que durante más de 10 meses entrevistó a 35.000 personas que sufrieron la prisión y la tortura. Más de 28.000 acreditaron los vejámenes y recibirán compensaciones monetarias, jurídicas y sociales.

Mireya García, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y ex presa política que sufrió la tortura, expresó ayer que "el Poder Judicial tiene una enorme responsabilidad de omisión" en lo sucedido en el país. En tanto, Lagos señaló en su mensaje que "la prisión política y la tortura constituyeron una práctica institucional de Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile".

El informe concluyó que la Corte Suprema abdicó de su facultad de controlar los tribunales militares, de su funcionamiento y sus fallos. La actuación del máximo tribunal "acarreó funestas consecuencias en lo concerniente al respeto de los derechos humanos, pues su exclusión jurisdiccional permitió las más graves violaciones a los derechos humanos". Y añade que la "connivencia de las máximas autoridades del Poder Judicial con los militares" permitió los abusos a los derechos humanos.

Afirma además que la "indefensión" de los chilenos debe imputarse a la Corte Suprema, "cuya conducta marca el rumbo de los jueces inferiores por la vía del ejemplo", del temor a ser sancionados.

El informe agrega que la conducta de la Corte Suprema hacia los militares se prolongó hasta pasados los 90, porque sancionaba "drásticamente los fallos y las actuaciones que disentían de su posición oficial de activa colaboración con ellos". La dictadura dejó 3.065 opositores asesinados, de los cuales, 1.200 son detenidos desaparecidos. (AP)