El Senado avala fijar topes a comisiones de las tarjetas

Un proyecto que fija un tope del 3% al arancel de las tarjetas de crédito (hoy es de 5%) y del 0,5% a las de débito -que actualmente se ubica en el 2%- marcha viento en popa en el Senado de la Nación.

Ayer, los presidentes de tres comisiones dieron su respaldo a una iniciativa presentada por los legisladores santafesinos, Carlos Reutemann y Roxana Latorre, la cual además contempla que el emisor no podrá fijar aranceles diferenciados en concepto de comisiones u otros cargos, entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales o similares productos o servicios.

La iniciativa también contó con el apoyo de dirigentes de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de todo el país, que se reunieron junto a los senadores Marcelo López Arias, Miriam Curletti, Ricardo Gómez Diez, Roberto Urquía, Jorge Agundez, Marcela Lescano y Diana Conti.

"Se trata de una inquietud compartida por el conjunto del cuerpo y constituye un paso más para evitar la discriminación de los pequeños y medianos comercios", explicó López Arias.

En tanto que Gómez Diez señaló que "tiene que haber un compromiso de toda la dirigencia con los sectores que crean mayor empleo y evitar esta desproporción. Este proyecto es de justicia y equidad".

excusaron de participar por problemas de agenda e instaron a sus pares a acompañar la iniciativa.

Los legisladores se comprometieron a emitir el jueves próximo dictamen favorable conjunto de las tres comisiones a las que fue girado el proyecto (Derechos y Garantías, Economía Nacional e Inversión, y Legislación General) a los efectos de que antes de fin de año se apruebe en el recinto.

En la Cámara de Diputados de la Nación existe una segunda iniciativa de las mismas características. En ésta se plantea directamente que las empresas emisoras no podrán bajo ninguna consideración cobrar a los pequeños y medianos comercios un 50% más de lo que les cobran hoy a las grandes bocas de consumo.

Estos proyectos constituyen el segundo intento para modificar las relaciones contractuales entre emisores de tarjetas y el comercio.

En rigor, el año pasado el Congreso insistió con los dos tercios para sacar una ley que había sido vetada por el Poder Ejecutivo, que permitió reducir sustancialmente las comisiones e intereses que cobran estas compañías tanto a pymes como consumidores.