Colapso. Junta de magistrados alertaron sobre la falta de institutos apropiados para alojar adolescentes en conflicto

Jueces de todo el país exigen poderes para rehabilitar a chicos detenidos

El gobierno de Buenos Aires aseguró que en diez días no habrá más menores de edad en comisarías

Jueces de los tribunales supremos de todo el país alertaron ayer acerca del "colapso del sistema carcelario y la falta de institutos apropiados" para el alojamiento de chicos en conflicto con la ley penal y reclamaron a "los poderes políticos" medidas urgentes para resolver la problemática.

La "solución a las graves falencias verificadas" en el sistema carcelario y de rehabilitación de menores acusados de delito "es resorte exclusivo de los poderes políticos, que deben instrumentar medidas operativas tendientes a dar pronta y adecuada respuesta" al problema, consignó la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (Jufejus).

Según la entidad -que nuclea al 80 por ciento de la organización judicial de la Argentina, hay "diversas provincias" que presentan un "estado de total colapsamiento del sistema penitenciario, motivado por la insuficiencia de los establecimientos carcelarios para albergar internos por encima de su capacidad disponible".

Además, existe una "carencia de institutos de menores apropiados que determina su indebido alojamiento en dependencias policiales, lo cual es contrario a la normativa constitucional y dificulta la tarea de los jueces, con graves consecuencias para el supremo interés" de los chicos, señaló Jufejus.


Traslados
Por otra parte, el gobierno bonaerense garantizó ayer que en menos de diez días no habrá más menores de edad detenidos en las comisarías de la provincia de Buenos Aires y se comprometió a habilitar más de 500 nuevas plazas para el primer semestre del próximo año.

El ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, dijo que serán trasladados los 93 menores que actualmente permanecen alojados en dependencias policiales.

El funcionario entregó ayer al presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial, Eduardo De Lázzari, un informe técnico sobre las medidas que adoptará el gobierno bonaerense para que no se aloje a adolescentes en comisarías.

La semana pasada, la Corte bonaerense intimó al gobernador Felipe Solá a que en el plazo de 72 horas detalle las medidas a adoptar para sacar a los menores de edad de las dependencias policiales.

En el informe que entregó el titular de la cartera de Justicia y que ahora será evaluado por los miembros de la Corte, el gobierno detalló las acciones que llevará adelante en lo inmediato en el corto plazo.

Di Rocco explicó que, junto al ministerio de Desarrollo Humano, "se trabaja en el traslado de los últimos menores que se encuentran detenidos en comisarías" y precisó que para ello se habilitaron la alcaidías de Malvinas Argentinas con una capacidad de 80 plazas y la de Ituzaingó, para albergar a otros 120.

El gobierno bonaerense resolvió acelerar la construcción de cárceles e institutos y para ello elaboró un proyecto de ley que lo autoriza a construir 10 mil nuevas plazas bajo mecanismos de excepción a la ley de obras públicas. La iniciativa, que fue aprobada por el Senado y espera su tratamiento en Diputados, declaró la emergencia de la infraestructura carcelaria y habilitó al Poder Ejecutivo a utilizar mecanismos más breves para adjudicar los trabajos de construcción de cárceles, alcaidías e institutos de menores.

La nueva ley de minoridad que ingresó a la Legislatura provincial producirá cambios en el sistema ya que desjudicializa las causas asistenciales y garantiza a los menores acusados de cometer delitos los mismos derechos que a los adultos. (Télam)

Los jueces dijeron que la carencia de institutos de menores llena de chicos las cárceles.