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 viernes, 12 de noviembre de 2004  
Denuncian robo de bebés en un hospital cordobés
Investigan a médicos y especialistas que habrían fraguado fallecimientos de recién nacidos

La Justicia de Córdoba investiga una denuncia sobre la presunta existencia de una banda que habría traficado recién nacidos en un hospital de Santa María de Punilla, en el interior cordobés.

La denuncia del abogado Víctor Ricci y de los presuntos damnificados afecta a personal del hospital Domingo Funes, donde, según la demanda, 37 bebés fueron dados por muertos y luego vendidos, dijeron fuentes judiciales.

La investigación a cargo del fiscal Eduardo Gómez comenzó a partir de un expediente girado por la Fiscalía General. Aunque no fue bien delimitado el tiempo en el que supuestamente se cometieron esos delitos, fuentes judiciales subrayaron que hay casos que se remontan a 1989.

Ayer, personas que dicen haber sido víctimas de esta red, junto a organizaciones de Derechos Humanos de Punilla se concentraron frente al edificio del Ministerio de Salud de la provincia para exigir que se profundice la investigación del caso.


37 casos
La causa se inició por denuncias de padres de los pequeños dados por muertos y aparentemente comercializados, bajo el patrocinio del abogado Ricci, quien dijo que los casos de robo y venta de bebés llegan a 37.

El letrado sostuvo que funciona "una organización que trabaja de manera sistemática en la desaparición con vida de bebés para su inmediata venta", y que "hay más de 20 médicos y enfermeras involucrados".

Ricci añadió que el comercio de bebés con esa metodología, apunta a familias "de pocos recursos, gente pobre que no tiene asesoramiento médico ni jurídico".

El modo de operar de la organización, según coinciden en señalar los relatos de los denunciantes, consistía en informar en cada caso que el bebé había nacido muerto, pero se mostraban reticentes para mostrar el cadáver.

Si la familia insistía, siempre según la denuncia, se les mostraba un cuerpo "formolizado" dentro de una bolsa de nailon, para evitar las pruebas de ADN, o se les entregaba un ataúd cerrado, que sólo podía ser abierto con autorización judicial.

Según el abogado, el centro de operaciones de la organización estaba en el hospital Domingo Funes, en Santa María de Punilla, a 40 kilómetros de la capital mediterránea. A ese centro, dijo Ricci, las madres llegaban con "desarrollo de embarazo perfecto y terminaban con el bebé muerto y sin posibilidad de recuperar los cuerpos o, en el mejor de los casos, con un cajón cerrado".

Durante la marcha de ayer, los denunciantes contaron detalles de sus casos pero en general prefirieron mantenerse en el anonimato.

"Nos robaron la nena de mi hermana. Cuando ella estaba a punto de parir, nos dijeron que estaba todo bárbaro y que la bebé latía en la panza de la mamá", relató una mujer que pidió mantener en reserva su nombre.

"Llegamos a Funes y nos dijeron que hacía 72 horas que la beba estaba muerta, pese a que 40 minutos antes escuchamos los latidos de la nena, y después nos entregaron un cadáver formolizado", agregó. (Télam)
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