Polémica. Mientras los responsables del área negaron los cargos, el concejo pidió al EJecutivo que inicie una investigación

Denuncian anomalías en un instituto para chicos carecientes de Casilda

Las acusaciones van desde maltrato psicofísico a los menores hasta persecución al personal que allí trabaja

Gustavo Orellano / La Capital

Casilda. - El Concejo casildense pidió al Ejecutivo que investigue una serie de denuncias sobre supuestas irregularidades en el Centro de Acción Familiar Eva Perón (CAF) donde se brinda contención de distinto tipo a un grupo de chicos de familias de escasos recursos. El tema recaló días atrás en el deliberativo cuando el edil radical Juan José Sarasola dijo haber recibido documentación relacionada con presuntas anormalidades en el funcionamiento del CAF y solicitó a sus pares, a través de un proyecto de resolución, la creación de una comisión investigadora.

Si bien su iniciativa no prosperó, el cuerpo instó al gobierno municipal para que lleve adelante acciones tendientes a esclarecer la confusa situación, en uso de sus facultades establecidas en la ley provincial Nº 9.286. En tanto Sarasola se presentó ante el fiscal de los Tribunales casildenses, Juan Carlos Curto, para que resuelva si las presuntas irregularidades ameritan ser investigadas por la Justicia.

El edil tomó conocimiento del tema a través de una nota donde tres mujeres dan cuenta de graves denuncias contra el funcionamiento del CAF. Además le acercaron grabaciones y fotografías vinculadas con sus acusaciones. Una de las denunciantes trabajó como portera de la institución hasta que fue trasladada semanas atrás a otra repartición municipal -Obras Públicas- a raíz de un sumario administrativo, que aún está abierto, por problemas de interrelación laboral.

De las otras dos personas en cuestión, cuya identidad tampoco fueron reveladas, sólo una sigue prestando servicio en la institución ya que la restante está afectada desde hace un tiempo a tareas de limpieza en el edificio municipal.

Entre las denuncias formuladas aparecen presuntos maltratos psicofísicos contra los chicos que asisten al CAF, sanciones injustificadas e improcedentes, inadecuada administración de las raciones alimentarias, inobservancia en las normas de higiene y seguridad del establecimiento.

También se pone en duda la idoneidad de algunos de los profesionales que imparten directivas, además de cuestionarse la presunta faltante de alimentos y elementos para el adecuado desarrollo de los objetivos institucionales.

Asimismo, se denuncia un supuesto acoso y hostigamiento contra el personal que manifiesta su disconformidad ante alguna práctica -a su juicio- indebida, incumplimiento de la carga horaria y de los deberes funcionales de la dirección del establecimiento, sobrecarga de funciones en la labor docente, avasallamiento a sus cualidades profesionales, e incompatibilidades en la asignación de planes sociales a personal que desarrolla actividades en la institución.

Las actuaciones que llevará adelante el Ejecutivo municipal, a través de su área legal, serían incorporadas al expediente que se inició, en abril pasado, en torno a la ex portera del establecimiento quien había denunciado problemas de convivencia con el personal.


Desmienten irregularidades
La subsecretaria municipal de Promoción Comunitaria, Antonia Pierucci, quien tiene bajo su órbita el control del CAF, desmintió las irregularidades denunciadas y opinó que "detrás de esto hay una clara intencionalidad política". Asimismo, aseguró que "el CAF es una institución abierta a la comunidad y nunca recibimos quejas de ningún tipo, por lo cual sorprende que ahora surjan estas denuncias".

Un grupo de trabajadores del CAF consultado por La Capital coincidió con la funcionaria y acusó a la ex portera del establecimiento, sumariada administrativamente sin resolución, de estar haciendo "una campaña de desprestigio contra el establecimiento".

"A mi me vino a hablar para que denuncie cosas que no son ciertas. Yo gracias al CAF pude alimentar a mis hijos que llegaron con problemas de desnutrición y salir adelante", dijo una beneficiaria del Plan Jefa de Hogar que presta servicio en la entidad.

"Hice lo que tenía que hacer", dijo Sarasola para justificar su proceder. "Esto no tiene nada que ver con la política, se trata de denuncias muy graves que merecen ser esclarecidas por el bien de la institución y fundamentalmente de los chicos que allí concurren. Yo no acuso a nadie -añadió- simplemente tomé conocimiento de estas supuestas anomalías y las presenté ante mis pares para cumplir con mi obligación de concejal al fin de que se inicie una investigación".

Las autoridades municipales denuncian una "campaña de desprestigio".