Trabas burocráticas impiden que cuatro mujeres inicien un microemprendimiento

Son beneficiarias de un plan social y quieren trabajar, pero la EPE no les da el servicio por una deuda anterior

Marcelo Abram / La Capital

Puerto San Martín. - Una traba burocrática viene impidiendo que cuatro mujeres beneficiarias de los planes Jefas de Hogar comiencen a poner en marcha un microemprendimiento para el cual ya recibieron de parte del gobierno nacional un aporte de 13.500 pesos en maquinarias e insumos. La situación se les complicó, entre otras cuestiones, porque por antiguas deudas del propietario de un local que alquilaron, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) no le habilita el servicio, motivo por el cual no pueden empezar a trabajar.

Cansadas de concurrir a la EPE, el jueves pasado una de ellas sufrió una crisis de nervios y debió ser retirada del local de la empresa de energía por sus familiares y allegados. Graciela Escande, Esther Portillo, Mirta Vivas y Aurelia Schindler subsisten desde hace dos años gracias al plan Jefas de Hogar y decidieron avanzar con un proyecto de instalar una fábrica de alpargatas en esta ciudad en el marco del Programa Manos a la Obra para desocupados con el que el gobierno nacional financia emprendimientos asociativos. Para ser beneficiarios de este plan, los interesados presentan los proyectos y aportan un 10% del costo total, y el Ministerio de Desarrollo Social financia la compra de maquinarias e insumos.

En ese marco fue que las cuatro mujeres presentaron su iniciativa ante el consejo consultivo local, entidad que luego de estudiarlo la aprobó. Seguidamente, por sugerencia del Area de la Producción de la ciudad se preocuparon de capacitarse en la materia.

"Nosotras supimos por una nota de La Capital, publicada en 2001, que en Villa Cañás funciona una cooperativa donde se fabrican alpargatas", explicó Graciela, quien agregó que "el intendente de Puerto San Martín, Carlos De Grandis, nos facilitó su auto particular y hasta un chofer para que viajáramos hasta allí para ver cómo funciona. Volvimos muy entusiasmadas y con muchas ganas de trabajar, pero no podemos empezar porque en la EPE viven poniéndonos trabas".

El proyecto de la fábrica de alpargatas recibió en septiembre pasado, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, insumos y dos máquinas por un total 13.500 pesos. Además, una de las mujeres aportó otras dos máquinas de coser de tipo industrial, y el mes pasado alquilaron un local sobre avenida San Martín.

Hasta allí, todo parecía tener un comienzo feliz, sobre todo por la posibilidad de que los beneficiarios de los planes tengan una salida laboral, hecho que fue recientemente ratificado por la ministra Alicia Kirchner durante su visita al Inta de Oliveros.

Pero una serie de inconvenientes comenzaron a retrasar la instalación del medidor de la luz de la EPE. "Como es habitual -dijeron- primero se nos pidió una garantía propietaria o el depósito de una suma que, gracias a una gestión municipal, íbamos a realizar en tres pagos".

"En ese momento nos encontramos con una deuda de más de 10.000 pesos que, en principio, tenía el dueño del local. Por eso concurrimos a la Defensoría del Pueblo de San Lorenzo, y gracias a su mediación solamente teníamos que pagar la habilitación del medidor y una cuota del depósito para tener la luz en el local", contaron.

"En la EPE me dijeron que estaba todo solucionado y que fuera la titular del local con 140 pesos y nos colocaban el medidor, pero no teníamos esa cantidad", sostuvo Graciela.


Colecta radial
"Por esa razón el jueves pasado fuimos a una radio y desde allí acudimos a la solidaridad para reunir esos 140 que necesitamos. La respuesta no se hizo esperar y en un rato ya teníamos el dinero, pero nos dieron un no rotundo en la oficina que la empresa tiene en San Lorenzo", relató Aurelia.

"Una mujer, de muy mala manera, me dijo que no, porque no, y ninguna otra explicación", sostuvo, tras agregar: "No sé qué me pasó, me puse muy nerviosa. Todavía tengo el brazo derecho hinchado del golpe que le di al escritorio. Después no me acuerdo de nada, sé que mi hijo y mi nuera me sacaron de ahí".

Lo sucedido lo explicó Graciela: "Como el marido de la coinquilina -que ya falleció- tenía una deuda con la EPE no nos quieren conectar el medidor. Ahora volvimos a la Defensoría y nos prometieron que hoy puede haber una solución".

"Nosotras sólo queremos trabajar, pero nos tratan como a delincuentes, enseguida viene un policía y se para al lado como si nos fuéramos a robar algo", se quejó Aurelia.

Las mujeres ya tienen las máquinas preparadas para comenzar la producción.