La obligación policial de combatir el delito fuera de servicio, bajo polémica

El sábado murió un policía que, tal como impone la ley, intentó conjurar un robo pese a estar de franco. Desde mayo, en la Legislatura hay un proyecto que anula lo indiscriminado de esta exigencia por sus graves riesgos

Hernán Lascano / La Capital

Si estuviera vigente una enmienda legislativa que desobliga a los policías provinciales a portar armas e intervenir ante delitos cuando no están en servicio, el cabo de policía Cristian Magán, de 31 años, tal vez habría conservado la vida. Este suboficial fue acribillado el sábado en una pollería de la ciudad de Santa Fe al intentar conjurar un robo violento, cuando estaba de civil y en desventaja numérica ante tres delincuentes. Magán se identificó como policía, pretendió abortar el ilícito y fue rociado a balazos.

Ante un hecho similar al del sábado, la Ley Orgánica Policial no ofrece actualmente alternativas al comportamiento que adoptó el suboficial Magán y que lo llevó a la muerte. Si no actúa ante el delito, un efectivo es pasible de sanciones aún cuando esté de franco. En desacuerdo con ello, el gobernador Jorge Obeid remitió en mayo pasado a la Legislatura el mensaje 2270, que apunta a flexibilizar la obligación de portar armas en todo tiempo y lugar. El régimen propuesto indica que, fuera e incluso dentro de las horas de servicio, el policía tendrá la facultad de decidir si interviene o no al quedar circunstancialmente en un lugar donde se produce un ilícito, siguiendo el análisis del riesgo implícito y de si hacerlo es o no razonable.

El mediodía del sábado, Magán vio entrar a tres muchachos armados al local de Hernandarias y Peñaloza, donde estaba por comprar un pollo. Había varios clientes pero, pese a eso, el suboficial dio la voz de alto, empuñó su arma y generó un cruce de balas que resultó fatal: murió atravesado por tres disparos.

Ante un caso así, rige en la actualidad la invariable obligación de intervenir. Las actuales autoridades de seguridad en la provincia entienden que este aspecto es un resabio derivado de una concepción militarista y que resulta inconveniente para el desempeño del accionar policial. Por ello la iniciativa apunta a que el agente pueda, en base a una evaluación, no adoptar decisiones que, como las del sábado, resulten temerarias.

El jefe de la Unidad Regional I, Sergio Blanche, recordó ayer en las exequias del cabo Magán que en 2004 eran tres los policías fallecidos. "Esto no sólo habla del estado de violencia reinante, sino del grado de sumo compromiso que tiene el personal a la hora de enfrentar los hechos". Más allá de la emoción del alto oficial, el gobierno parece no querer que ese compromiso se extienda a cualquier costo.


Antes de actuar, analizar
El proyecto oficial que se analiza en Diputados dice introducir "el principio de la razonabilidad como criterio para el cumplimiento de la obligación que tiene el policía de defender contra las vías de hecho o riesgo inminente la vida, la libertad y propiedad de las personas". La pretensión, indica el texto, es escapar una exigencia que en determinadas circunstancias conspira contra la salvaguarda de la integridad propia del agente y de terceros. Precisamente lo que ocurrió el sábado con el malogrado cabo Magán, padre de dos hijos pequeños, que ayer fue sepultado.

Desde la incipiente Asociación Profesional Policial de Santa Fe (Apropol), entienden que más importante que la cuestión de portar armas en las horas de servicio es desobligar al personal a involucrarse en un episodio delictivo fuera de las horas de trabajo. "El problema es que hoy la ley obliga a actuar. Si se comprueba que un policía evitó voluntariamente intervenir, puede sufrir represalias penales por incumplimiento de sus deberes, lo que es una falta grave que es causal de destitución", señaló Alberto Martínez, dirigente de Apropol.

Martínez dice que en el estado de cosas vigente queda desvalorizada la vida del policía bajo un falso criterio de eficacia en el servicio. "Hoy un policía debe poder medir el riesgo para actuar. Si está en desventaja, o con su familia, o ante otros terceros inocentes, la cuestión de cumplir el deber puede llevar a un desastre", señala. Apropol coincide aquí con el espíritu y la letra del proyecto del oficialismo. "Creemos que al estar de franco portar arma y credencial tiene que ser optativo", planteó Martínez.

La perspectiva de anular la obligación policial de intervenir en ilícitos sin importar la ocasión fue motivo de un cerrado antagonismo dentro del PJ. La pasada administración provincial a cargo de Carlos Reutemann varias veces se pronunció en contra de cualquier modificación al respecto. Uno de los más entusiastas fue el ex ministro de Gobierno, Angel Baltuzzi, quien en enero de 2000 decía a este diario: "El policía debe estar armado las 24 horas. La actividad es de riesgo y por ello el policía está expuesto, por lo que no puede ser que cuando deja el servicio deba despojarse de su condición o abandonar el arma. Es lógico que cuando está franco no está activamente en la persecución del delito. Pero si se produce un delito tiene que intervenir".

El entonces responsable de seguridad de Reutemann postulaba que permitir a los policías circular desarmados durante su franco implicaba "una mayor pérdida de recursos de seguridad". Y proponía incluso una modificación -adoptada durante la primera gestión de Obeid- que le negaba a los agentes del Servicio Penitenciario portar armas fuera de servicio. "Eso les impide actuar ante delitos in fraganti. No está bien", planteaba.

El sepelio de Cristian Magán, baleado el sábado por delincuentes cuando hacía compras.