Cuestionan en Nogoyá el arresto de padres por los delitos de sus hijos

La mayoría de la población se expresó contraria a la medida "porque la ley no se aplica pareja para todos"

Lizy Domínguez / La Capital

Nogoyá.- La determinación del juez de instrucción Jorge Gallino, de sancionar con diez días de arresto especial en dependencias policiales a los padres de dos menores vinculados con hechos delictivos de distinta índole, desató en esta ciudad entrerriana una fuerte polémica en la que la opinión pública tomó posiciones opuestas.

Un sondeo realizado por los medios radiales locales reveló que un gran porcentaje de los nogoyaenses consideró a la medida judicial como injusta, mientras distintos funcionarios la valoraron como adecuada.

Según las opiniones recogidas por las emisoras, la mayoría de la población dijo que el fallo "no soluciona el problema y no es justo porque la ley no se aplica pareja para todos", porque "hay jóvenes de la alta sociedad que delinquen todos los fines de semana y que, si bien son detenidos, sus padres nunca han pagado ninguna condena de este tipo".

Si bien los oyentes no cuestionaron el proceder del juez Gallino, por entender que el magistrado cumplió con su trabajo, apreciaron que "el Estado está ausente del problema, ya que no brinda la debida contención".

En una forma casi unánime la audiencia opinó que "los padres penalizados no son responsables plenamente de la conducta de sus hijos y al ser jefes de familias humildes deben trabajar todo el día y no pueden cuidarlos todo el tiempo en una ciudad que tiene el 20 por ciento de desocupación". Según opinaron, "mientras la Justicia trata de acercar a padres e hijos, por otro lado los separa".

El arresto especial dictado por el juez Gallino se basó en el artículo 18 de la ley de patronato de menores 10.903 -también conocida como "ley Agote"-, sancionada en octubre de 1919, durante la primera presidencia de Hipólito Irigoyen. En dicho apartado la norma establece que "los jueces podrán imponer arrestos de hasta un mes a los padres, tutores o guardadores que aparezcan culpables de malos tratos o de negligencia grave o continuada con respecto a los menores a su cargo".

Para el secretario del juzgado de Nogoyá, Oscar Rossi, este tipo de medidas se aplican desde el año pasado y el arresto se impone luego de infructuosos apercibimientos a los progenitores para que ejerzan correctamente la patria potestad. "Se les advierte -indicó- que si sus hijos incurren en conducta indebida serán pasibles de penalización por el incumplimiento de deberes filiales".

"Hemos hecho apercibimientos en más de cien causas, aunque el arresto se aplicó en pocas oportunidades", señaló, y aclaró que este tipo de disposiciones se aplican sólo en casos excepcionales y "no apuntan directamente a la situación del delito cometido o no cometido -si bien se realiza la investigación correspondiente-, sino cuando se observa de plano negligencias graves y continuadas de los padres en sus obligaciones".

Agregó que el espíritu de la medida es bidireccional, porque "pretende despertar la responsabilidad referida a los deberes de la patria potestad y a la conciencia del menor que ve cómo su conducta afecta a su familia". En este sentido aseguró que "el procedimiento ha producido un efecto disuasivo en algunos casos".

El funcionario destacó que la aplicación del artículo 18 de la ley 10.903 "se aplica como última ratio, es decir como último llamado de atención a para evitar que los hijos vinculados a delitos sean internados en hogares de menores", que también está contemplado en la norma.

Según Rossi la sanción -"que se maneja en tiempos brevísimos y prudenciales"- consiste en un arresto especial a través de la autoridad policial y se cumple en comisarías locales, sin vincularlos a los demás detenidos.

Al respecto remarcó que "se contempla la salida laboral de los penalizados, quienes pueden concurrir a sus lugares de trabajo, si bien deben pernoctar en la comisaría designada. Se prevé además el resguardo y contención afectiva de sus hijos con la intervención del Consejo del Menor o de familiares cercanos".


Efecto positivo
A criterio del jefe de policía de Nogoyá, Luis Grandolio, la medida es "totalmente acertada porque el juez hizo lo que la ley le indicó y no se excedió. Se ajustó a la ley porque seguramente tuvo la posibilidad de trabajar bien el tema de la minoridad".

Grandolio aclaró que los menores implicados en distintos hechos y cuyos padres fueron sancionados, que recuperaron su libertad, "son integrantes de los mismos grupitos de siempre, pero que ya no se ven en la calle".

El jefe policial destacó el efecto positivo de la medida judicial porque "desde que se aplicó la sanción no se han producido delitos protagonizados por jóvenes" y explicó que el índice delictivo de menores en Nogoyá "es muy escaso y está bajando gracias a la prevención que estamos implementando desde la Jefatura".

"Al momento de la detención de adolescentes privilegiamos el buen trato, intentamos hacerles entender que lo que hacen está fuera de la ley y que hay otros caminos. Tratamos de no mirarlos como policías sino como personas y de ponernos en su lugar, ya que probablemente están un poco desamparados por su familia", relató, y agregó que en casos puntuales "existe irresponsabilidad por parte de los padres y es por ello que la medida del magistrado me parece acertada".


Evitar la internación
Por su parte, el titular de la Coordinación del Menor de Nogoyá, Atilio Grosso, coincidió con la sanción a progenitores que no cumplen con sus deberes filiales. "No está mal tomada bajo ningún punto de vista, porque de esta manera se promueve un mayor control de padres a hijos", opinó.

El funcionario explicó que el área que dirige -que opera en forma conjunta con el Juzgado de Instrucción- es el encargado del seguimiento y los informes sobre las familias de los menores en conflicto con la ley, "y es el juez quien cita a los padres y quien decide si se llega a la última instancia que es la internación en un reformatorio".