Declararon en emergencia al sistema carcelario

La medida tiende a paliar la crisis de hacinamiento y acelerar los trámites que permitan construir nuevos penales

El sistema carcelario santafesino fue declarado ayer en estado de emergencia por el lapso de un año. Así lo dispuso el gobernador Jorge Obeid mediante la firma del decreto que lleva el número 1978 y por el cual se apunta a paliar la crisis que padecen los establecimientos penales de la provincia y acelerar los trámites administrativos que permitan la refacción y construcción de nuevas cárceles.

Desde ayer y hasta el 18 de octubre de 2005, las autoridades provinciales deberán encarar la construcción de las obras necesarias para descongestionar las atestadas comisarías, principalmente de Rosario, al tiempo que se instrumentarán una serie de medidas urgentes, entre ellas la adaptación de edificios -como por ejemplo fábricas desocupadas- que puedan ser utilizables como alojamiento temporario de los detenidos y de tal forma cumplir con la catarata de órdenes judiciales que obligan a no hacinar más presos en las seccionales.

En el decreto firmado ayer, el gobierno sustenta su decisión en el siguiente diagnóstico: "Del ingente y constante incremento de la población carcelaria, que ha excedido notoriamente la capacidad de alojamiento de los establecimientos disponibles -principalmente en Rosario y Santa Fe- se arribó a una situación de suma gravedad y peligro", por lo que consideró que la situación "exige la adopción de medidas urgentes para comenzar a revertir la superpoblación existente en las comisarías, lo que podría generar situaciones críticas".


Libertad de acción
Asimismo el decreto sostiene que debido a "los (largos) plazos de planificación y ejecución de las obras públicas, se hace necesario e ineludible instrumentar alternativas que permitan satisfacer las necesidades (del sistema carcelario) en menores plazos". Para ello se autoriza a las respectivas jurisdicciones penitenciarias a "realizar compras de bienes, servicios, bienes de uso y efectuar locaciones de obras y servicios y cualquier otra contratación de obras y trabajos públicos que se precise y que sea conducente a solucionar" la situación de crisis en las poblaciones penales.

Más allá del plazo de un año establecido, el gobierno dejó sentado por escrito que, en caso de ser necesario, podrá "prorrogarse por igual período".

La norma preserva aún en el estado de emergencia "las garantías de transparencia, libre concurrencia e igualdad en las contrataciones" y compromete la actuación de los organismos técnicos competentes en cada caso, otorgando al trámite el carácter de "urgente despacho". Asimismo compromete la colaboración de todas las áreas del Poder Ejecutivo y se invita a los poderes Legislativo y Judicial y a las municipalidades, a ponerse en sintonía con esta necesidad.

Según explicó el director del Servicio Penitenciario de la provincia, Fernando Rosúa, entre las medidas que se evalúan en lo inmediato figura "la adaptación de un edificio que pertenecía a una fábrica, para que funcione como alojamiento provisorio" de detenidos, a la vez que se baraja la posibilidad de instrumentar detenciones domiciliarias mediante la utilización de pulseras magnéticas una vez aseguradas las imprescindibles condiciones de habitabilidad y seguridad.

Al día de ayer, cinco mil personas se entrencontraban tras las rejas.