La decisión del Senado de reinstalar el sistema electoral derogado en Diputados impacto en la Casa Gris

La política santafesina, en estado deliberativo por la ley de lemas

Oficialismo y oposición temen que el proyecto pueda ser cajoneado y pierda estado parlamentario el año próximo

Jorge Sansó de la Madrid / La Capital

El resultado de la sesión de anteayer en el Senado provincial sumió en un estado deliberativo tanto a la oposición como al oficialismo. La derogación y reemplazo de la ley de lemas por internas abiertas, simultáneas y obligatorias que Diputados había aprobado 45 días atrás y que ocho senadores cambiaron por un sistema mixto que repone los lemas en todas las localidades, con excepción de Rosario y Santa Fe, estrechó considerablemente los márgenes de acción de unos y otros a apenas un mes de que finalice el período ordinario de sesiones. No así el de la polémica, que se preanuncia extendida y ardorosa.

Un único, y enorme, riesgo unifica las inquietudes de la oposición y el gobierno de Jorge Obeid y es el causante de que, hasta ahora, prime la cautela respecto de anuncios de lo que cada uno piensa hacer para revertir el derrotero de una iniciativa que tenía como objetivo acabar con los lemas. El gran temor es que el proyecto se caiga definitivamente y pierda estado parlamentario el año que viene.

De ocurrir esto último, el gobierno no podría cumplir su promesa electoral y la oposición se quedaría sin bandera para disputar el poder. Sería un fracaso compartido con demasiado olor a derrota que obligaría a todos a competir en las legislativas municipales del año próximo con los lemas vivitos y coleando, y ello porque los plazos electorales podrían jugar en contra.

Si antes de que termine el período ordinario de sesiones no se concluye el trámite, que ahora continuará con una revisión en Diputados y su retorno al Senado, deberá esperarse hasta que se reanude el período normal en mayo próximo. Pero la Constitución exige que las elecciones sean convocadas entre 90 y 180 días antes de que finalicen los mandatos a reemplazar: entre el 10 de septiembre y el 10 de junio. Lo que a su vez se vería más acotado aún porque la ley prevé también plazos para las internas. Los más pesimistas anticipan que si la Legislatura llega a fin de año sin haber resuelto el sistema electoral, no habrá tiempo para esperar que el tratamiento se reanude en mayo y se llegue, como se quiere, a los comicios sin ley de lemas.

La salida a esta encrucijada estaría en manos del Ejecutivo, que puede habilitar el tratamiento durante el período extraordinario de sesiones aunque a un costo político aún no evaluado. Los legisladores nunca están obligados a tratar iniciativa alguna. Con la pérdida del estado parlamentario, la Casa Gris se despediría de su idea de reformar la Constitución, pero también se abriría un enorme interrogante sobre sus niveles de gobernabilidad, no sólo por una hipersensibilizada hostilidad opositora, sino por los inestables andariveles sobre los que debería sostener su relación con los sectores en pugna dentro del PJ.

Respecto de la sesión del jueves, los senadores radicales Carlos Fascendini y Felipe Michlig acordaron con sus pares socialistas, Patricia Sandoz y Marta Nardoni, cambiar sus votos de rechazo por el de abstención. La idea es que el artículo 42 de la Constitución considera válida la decisión de una Cámara "si está presente la mitad más uno de sus miembros y fue adoptada por la mayoría de los presentes".

Con el resultado de ocho votos positivos y once abstenciones, radicales y socialistas entienden que no hubo mayoría suficiente para considerar constitucionalmente válido lo aprobado. La mayoría de 19 miembros para la oposición es de 10 y no de 8. El comité radical encomendó ayer a sus abogados que contacten a constitucionalistas de peso para recabar opiniones al respecto. Si bien no hablan todavía de pelear en los Tribunales la inconstitucionalidad de la sanción (quieren evitar que todo se caiga), afirman que no pueden callar ante semejante agravio a la Carta Magna.


Un problema de mayorías
Desde el oficialismo se niega la inconstitucionalidad mencionándose que el artículo 42 habla de la "presencia" de la mitad más uno pero no especifica cuantitativamente y de modo taxativo condición alguna sobre la "mayoría de los presentes".

Pero es en el PJ donde los descontentos son más estentóreos. Desde los tradiciones pases de facturas entre los senadores, hasta los más estratégicos, que aconsejan buscar las claves de lo que pasó en el fracaso de la Asamblea Legislativa, que -el mismo jueves, pero a la mañana- no se pudo reunir para convalidar los pliegos de tres integrantes del Tribunal de Cuentas porque el PJ no dio quórum.

Según dicen, el fracaso se debió a la pretensión del llamado bloque de la Liga de Intendentes, regenteada por el dirigente Juan Carlos Mazzón, habría exigido que de los tres cargos puestos en juego se le concediera uno. Estos diputados son seis y su intransigencia motivó una disidencia que impidió al PJ concurrir al recinto.

Este hecho habría incidido, por la tarde, en la sesión del Senado. Pero ahora abre dudas sobre cómo actuarán esos mismos diputados a la hora de decidir si aceptan las modificaciones del Senado o si sostienen lo que votaron oportunamente. Este interrogante se extiende a los diputados reutemistas, que votaron casi a regañadientes el proyecto de Obeid.

Fuera del terreno de las especulaciones, hay un aspecto en el que todos coinciden: el gobierno se verá sometido a trabajosos consensos para recuperar el derrotero que imaginó para su proyecto.

Entre los senadores, de los siete que apoyaron el proyecto de Gramajo nada se ha dicho oficialmente. Pero en sus alrededores se percibe una cierta descontracturación: la derogación de la ley de lemas está ahora más complicada que si se hubiera aprobado su iniciativa y ese, después de todo, era su objetivo.

Si algo quedó claro el jueves es que no hay un solo senador que reconozca (y asuma) filiación con la administración Obeid, a la que sólo le responden seis diputados. Con prudencia, el gobierno buscará recomponer su poder político para afrontar la batalla que se extiende más allá de sus cálculos. Habla de plebiscito pero todavía no lo convoca formalmente.

El proyecto de Traferri derrumbó la iniciativa del gobierno.