Una caravana en rechazo de la venta de una reserva salteña

Ambientalistas, estudiantes, gremios, organizaciones sociales e intelectuales participaron ayer de una caravana hasta la reserva de General Pizarro, en la región central de Salta, organizada por Greenpeace en apoyo de las comunidades aborígenes cuyas tierras fueron vendidas por el gobierno provincial.

Al llegar a Pizarro, los manifestantes fueron sorprendidos por un fuerte dispositivo policial, por lo que decidieron elaborar un acta, firmada por todas las organizaciones participantes, en la que responsabilizaron al gobierno de Salta por la seguridad de los pobladores de la zona y de los miembros de las organizaciones convocantes.

El 23 de junio pasado el Gobierno de Salta preadjudicó la venta de siete lotes que representan casi la totalidad de la reserva provincial de General Pizarro a empresas que, según la organización ambientalista, "destruirán el bosque".

A raíz de esta medida del gobierno, los habitantes de la reserva denunciaron que han recibido en los últimos días fuertes presiones para abandonar sus tierras.


Adhesión por Internet
En forma simultánea con la caravana, miles de cybernautas de diferentes partes del mundo se sumaron a la iniciativa en forma virtual, a través del sitio de Internet de Greenpeace, enviando mensajes de texto y fotos en apoyo de las comunidades amenazadas por la venta de la Reserva y en defensa del bosque nativo, ordenada por el gobernador Juan Carlos Romero.

Los manifestantes partieron por la mañana desde la plaza San Martín de la capital salteña en coloridos ómnibus y vehículos particulares, llevando carteles con leyendas en contra de la venta de la reserva y en apoyo a los pobladores locales.

Al mediodía, tras recorrer 260 kilómetros, arribaron a Pizarro en el departamento Anta, al noreste de la ciudad de Salta. Una vez allí, los manifestantes pasaron el día con los habitantes de la reserva y comenzaron por la tarde la vuelta a la capital provincial.

Previamente, un grupo de diputados nacionales había reclamado al Ministerio del Interior que "arbitre las medidas correspondientes a fin de garantizar que la marcha se realice con la debida garantía de los derechos y libertades".

Por su parte, Juan Casavelos, a cargo de la campaña de Biodiversidad de la entidad ecologista internacional, destacó que "próximamente, Greenpeace lanzará una fuerte iniciativa para que la gente le pida a las empresas que quieren destruir la reserva, que se retiren del proceso licitatorio".

La reserva, principal fuente de vida de los campesinos y los indios wichí, posee especies arbóreas únicas en el mundo y una fauna muy rica conformada por gran cantidad de especies de aves y mamíferos.

El lunes pasado, nueve integrantes de Greenpeace fueron arrestados cuando se encontraban documentando un desmonte en el sur de Tartagal. Los activistas permanecieron 48 horas detenidos y fueron imputados por el presunto delito de "violación de domicilio".

La organización ambientalista consideró que la detención tuvo clara "intencionalidad política" y que forma parte de una estrategia destinada a silenciar el reclamo ambiental y criminalizar la protesta civil pacífica. (DyN)