Desastre en Figuiera: El más trágico atentado criminal de Santa Fe

Hoy se cumplen cinco años del incendio intencional del micro de la empresa Almirante Brown, que tuvo 13 muertos

Fue el atentado criminal más trágico, por su saldo, de la historia provincial. Lo causó un sujeto de identidad y apariencia esquivas, que colocó una bomba incendiaria en un micro. Murieron trece personas. Después de que el carácter intencional del fuego fue una certeza, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte sostuvo que se había debido a una guerra de tarifas entre empresas. La causa tuvo un único detenido, que quedó sobreseído, sin ningún elemento de cargo ni sospecha en contra. La principal testigo del ataque, Fanny López, está muerta.

El caso lo investigó la Justicia, distintas áreas de pesquisa de la policía provincial y de Gendarmería. Una comisión del Federal Bureau of Investigation (FBI) de EE.UU. también participó para evaluar la causa del desastre. Pero hoy, que se cumplen cinco años de aquel drama, no hay culpables ni pistas solventes que encaminen hacia alguien concreto.

El 11 de agosto de 1999 a las 23.40, el interno 40 de la empresa Almirante Brown comenzó a arder en el parador de Fighiera, a 40 kilómetros de Rosario. Murieron 13 personas, entre ellas tres niños. Había partido de La Plata y se dirigía a la localidad salteña de Aguas Blancas.

Fanny López viajaba en el interno 40. Pocos días después del accidente, dijo en sede judicial que había advertido a un hombre extraño al pasaje que se subió al micro, entró al baño con un bolso de viaje y salió sin ese bolso. Su testimonio y su descripción derivaron en la única detención. Fanny López murió en 2003.

El chofer detenido, un rosarino, pasó 101 días preso hasta que fue liberado por falta de pruebas. Recién en marzo de 2002, a tres años del incendio, quedó completamente desvinculado, al ser sobreseído. La persona detenida era un ex empleado de la empresa Almirante Brown que había sido cesanteado tras un accidente. Se presumió que pudo tener intenciones de vengarse de sus antiguos empleadores. Nada de eso pudo sustentarse.

La causa hoy quedó suspendida sin alcanzar el esclarecimiento. En febrero pasado, la jueza Alejandra Rodenas remitió a la jefa de policía de provincia, Leyla Perazzo, todos los cuerpos del expediente. Lo hizo bajo la sugerencia de que una comisión especial hiciera una auditoría, para evaluar la actuación policial en la pesquisa, determinara qué lineas investigativas se hicieron y cuáles se podrían retomar.

Los allegados a las víctimas no se constituyeron como actores civiles para estar en condiciones de aportar pruebas al proceso. Nadie inquiere por el caso a la Justicia o a la policía. Sólo una mujer, madre de una médica que falleció en el micro, llama cada tanto al juzgado para averiguar si surgieron novedades.

Pero no las hay. No hay una hipótesis predominante sobre la motivación del ataque, aunque la más sólida es la que indicó que el atentado fue parte de una disputa de empresas de transporte por controlar las rutas hacia la frontera con Bolivia, por donde circulan mercaderías de contrabando, droga y personas que ingresan ilegalmente al país. Se llegó a apuntar a un empresario salteño, dueño de la empresa La Veloz del Norte, aunque nunca hubo ninguna prueba sustentable en su contra.

Los restos del colectivo.