Una ordenanza niega la licencia de conducir a ex presidiarios

Distintas asociaciones civiles y de Derechos Humanos que trabajan con la problemática de la comunidad penitenciaria de Rosario, intentarán mañana reunirse con el intendente Miguel Lifschitz para impedir que promulgue una ordenanza que prohibe otorgar licencia de conductor para el servicio público a personas en conflictos con la ley o antecedentes penales, incluso a quienes ya cumplieron su condena.

Guillermo Marconi, abogado de una de las agrupaciones que mañana intentará convencer al Lifschitz de los perjuicios de la ordenanza, consideró hoy que la propuesta "es discriminatoria y atenta contra la dignidad de las personas, los derechos humanos y contra la Constitución Nacional y los tratados internacionales que ha suscripto nuestro país". La ordenanza dice que si una persona cumplió más de tres años de condena, no puede trabajar de remisero, taxista o colectivero. "Si ya pagó su condena, esta ordenanza es una condena más, es un plus gratuito que recibe una persona que lamentablemente ha delinquido. Estamos tratando que la sociedad esté abierta para recibirlos", concluyó Marconi.