La Asociación Cristiana tenía a 22 empleados sin sus registros laborales

La sindicatura "ventiló" otras irregularidades. "Hubo desmanejos y distracciónde fondos", afirman

La sindicatura de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) amplió los detalles de su primera auditoría contable hecha con los números de junio, y agregó otros desmanejos financieros a los que ya adelantó La Capital en su edición de ayer. El informe detectó 22 empleados de la institución no registrados ante el Ministerio de Trabajo, no había planilla de caja, ni listado de socios, y el último estado contable es del año 2000.

La entidad social y deportiva sufrió el 24 de junio pasado la clausura por la quiebra de su sede de Catamarca al 1200. Estaba en convocatoria de acreedores desde 2001 con una deuda de 1 millón de pesos, de los que el 90 por ciento corresponde a incumplimientos de pago con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

La jueza de la causa accedió a su reapertura el 1º de julio ante un pedido formulado por la síndica Marta Castellarín y fijó un plazo hasta el 31 de agosto.

A la catarata de irregularidades que se conocieron ayer del informe presentado por la sindicatura a la jueza Adriana Abraham, ahora se agregan otros detalles de igual tenor.

"No estaba dada el alta laboral en el Ministerio de Trabajo de las 22 personas que trabajan en la institución, ni estaban las fichas laborales, no tenían seguro de vida obligatorio, y hay irregularidades con respecto a los recibos", enumeró Castellarín.

Cuando la sindicatura ingresó a la ACJ, la entidad no contaba con seguro de responsabilidad civil ni contra incendio, situación que fue regularizada en las últimas horas.

También se supo que está en investigación un supuesto faltante de dinero, entre lo que debía haber en caja al 1º de junio y lo que efectivamente encontraron los funcionarios. "Acá no había una registración ordenada, y aunque el déficit sea de 2 mil pesos mensuales, si alguien no lo registra no se puede hacer nada", dijo Castellarín, al agregar que tampoco se asentaron los ingresos por recaudación de la cuota societaria.

Ante la comprobación de la existencia de desmanejos cometidos en la ACJ, la sindicatura elevó la auditoría hecha sólo sobre junio, para que la jueza Abraham decida si se justifica una denuncia penal contra los responsables de la última comisión directiva.

El abogado de la sindicatura, Ricardo Ruiz, aclaró que en la documentación "surgen irregularidades de períodos anteriores", y adelantó que "se hará otro informe completo con los documentos que se han encontrado y que evidencian desmanejo y distracción de fondos". La ACJ produce hoy un gasto mensual de 13 mil pesos, y cuenta con sólo 10 mil pesos de ingresos para afrontarlos.

La síndica Castellarín enumeró las irregularidades constatadas en la auditoria.