Luego de años de protección, se termina la impunidad del militar

Chile desecha las "razones de Estado" para investigar a Pinochet

El caso de las cuentas millonarias en EEUU abrió el camino de las acciones legales contra el ex dictador

Víctor Gutiérrez Cortés

Santiago de Chile. - Entre las primeras consecuencias del caso de las cuentas de Augusto Pinochet se encuentra el fin de las "razones de Estado", usadas en el pasado por el gobierno de Chile para frenar acciones judiciales, y el término de la imagen de la dictadura como feroz pero sin casos connotados de corrupción.

En 1994, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) desistió de un juicio contra Pinochet -que ejercía como Jefe del Ejército- por el caso de los "Pinocheques". Se trataba del pago, en 1989, de unos tres millones de dólares con cheques del ejército para Augusto Pinochet Hiriart, como parte de la venta a la institución castrense de la fábrica de misiles Valmoval, que estaba en bancarrota.

Tras el arresto del militar retirado en Londres, en 1998, personeros de la Concertación (la alianza en el poder desde 1990) admitieron que el costo de la transición fue el compromiso de no investigar a Pinochet ni su familia sobre hechos económicos ocurridos durante su mandato, hasta 1990.

Esta vez, el gobierno aseveró que el país y sus instituciones han alcanzado una "gran madurez" y que está preparado para que sus tribunales actúen en forma independiente si se detectan ilícitos, ya que en el Chile de hoy nadie está por sobre la ley.

En estos días, abogados de derechos humanos, políticos de gobierno e incluso de la derecha opositora han coincidido en que ha caído la imagen del régimen, que si bien es acusado de numerosas violaciones de los derechos humanos, parecía "diferente" a otros de América Latina en cuanto a hechos de corrupción. Sin embargo, los nuevos antecedentes apuntan a que Pinochet sí se aprovechó de su cargo.

El presidente del gubernamental Partido por la Democracia (PPD), Víctor Barrueto, comentó que los dineros que Pinochet mantuvo en el Banco Riggs pueden ser la "caja chica" de sus bienes y "sólo la punta del iceberg".

Abogados acusadores están pidiendo ahora a la Corte Suprema que confirme el último desafuero de la Corte de Apelaciones, por el caso "Operación Cóndor", para instruir acciones legales que permitan embargar sus bienes e indemnizar a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos.


El libro que se anticipó
El periodista chileno Rodrigo de Castro, coautor junto al argentino Juan Gasparini del libro "La delgada línea blanca" (2000), dijo a Radio Bío Bío de Santiago que la obra fue anticipatoria y que se debe investigar a los hijos varones de Pinochet (Augusto y Marco Antonio), pues tendrían algo que decir sobre negocios ilícitos.

Gasparini y de Castro sostienen que hubo oscuros negocios referidos al lavado de dinero y tráfico de armas y drogas, bajo la dictadura de Pinochet y el gobierno de Carlos Menem.

Pinochet parece estar cada vez más acorralado ya que su círculo político le está restando apoyo y enfrenta la seria posibilidad de que se refrende su desafuero. Esta vez ya no hay pacto que valga con el gobierno.

Por si fuera poco, este fin de semana se conocieron declaraciones judiciales de un suboficial de Inteligencia que aseguró que el ex dictador ordenó -a partir de 1979- incinerar cuerpos de ejecutados. La acción anterior no está cubierta por la Ley de Amnistía que rige entre 1973-78. (DPA)

Un soldado vigila prisioneros en un estadio en 1973.