Editorial

El Código de Faltas

El ministro de Gobierno impulsará la derogación de los artículos del Código de Faltas que reprimen la prostitución y el travestismo y propondrá que a partir de ahora cada municipio dicte sus propias normas sobre el particular. Se trata de una propuesta saludable que sin embargo deberá ser debatida por la sociedad santafesina antes de su sanción.

El anuncio por parte del ministro de Gobierno de la provincia sobre su intención de impulsar cuanto antes la derogación de los artículos del Código de Faltas que reprimen “la ofensa al pudor”, la “prostitución escandalosa” y el travestismo no es nuevo: funcionarios del gobierno santafesino ya lo habían formulado públicamente en febrero, tras el asesinato de la dirigente local de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, Sandra Cabrera, aunque aquella expresión no se tradujo luego en un proyecto concreto que pudiera ser discutido ampliamente en la Legislatura. Ahora, frente a las manifestaciones del titular de la cartera recogidas ayer por La Capital, la incógnita es saber si el ministro podrá conseguir que su idea se convierta también en la de todo el gobierno y la propuesta finalmente se instale como un debate en todos los sectores de la sociedad santafesina.

   La idea del ministro Roberto Rosúa seguramente generará adhesión y resistencia en proporciones similares, pero de lo que no cabe duda es que se trata de una propuesta que apunta a adecuar normas absolutamente fuera de época a un mundo cambiante y complejo, que plantea desafíos no sólo para los organismos estatales que deben controlar actividades como la prostitución callejera sino esencialmente para quienes deben legislarlas.

   Tal como están concebidos, los artículos del Código de Faltas que quiere derogar el ministro de Gobierno permiten a los organismos de control, y específicamente a la policía, ejercer su autoridad con una discrecionalidad casi absoluta. Es lo que muchas veces permite situaciones de arbitrariedad y abuso indeseables, cuando no se convierte en un mecanismo de corrupción aún más inaceptable que aquellas faltas que se pretenden prevenir o reprimir.

   Se impone entonces un debate maduro sobre el tema, que incluya el aspecto tal vez más conflictivo de la propuesta que acaba de dar a conocer el ministro Rosúa: la idea de que a partir de ahora sean los municipios los que dicten sus propias normas sobre el control de la prostitución y el travestismo, y también los que se ocupen de controlar estas actividades.

   Este último es un aspecto quizás sumamente polémico de la propuesta, que planteará discusiones acaloradas y por esa misma razón deberá estudiarse profundamente. El debate deberá incluir a todos los actores involucrados en esta problemática, incluso a los representantes de aquel sector sobre el que se pretende legislar. Hasta resultaría oportuno estudiar cómo resolvieron la cuestión sociedades más avanzadas y organizadas que ya dejaron atrás esta discusión hace mucho tiempo.

   Está claro que cualquier norma deberá ser superadora de aquellas que vayan a derogarse y para eso es indispensable que cumpla con un requisito básico: que no esté pensada como un parche y que no responda a la simple necesidad de hacer algo para mostrar que se hace. Sería una señal de madurez que la sociedad santafesina se debe desde hace tiempo.