Un histórico fallo anuló las leyes de impunidad

La Cámara Federal convalidó ayer por primera vez la anulación parlamentaria de las leyes de obediencia debida y punto final, al declarar constitucional esta decisión tomada por el Congreso nacional con la sanción de la ley 25.779, en agosto del 2003.

"No es la primera vez en la historia institucional de la Nación que el Poder Legislativo anuló una amnistía", afirmó la Sala I de ese tribunal de apelaciones al rechazar un planteo de represores detenidos en la megacausa que investiga lo ocurrido en el Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar.

La anulación de las llamadas leyes del perdón derivó el 1º de septiembre del año pasado en una orden de la misma Cámara Federal que reabrió megacausas por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, entre ellas el Primer Cuerpo, en la que hay una treintena de detenidos a disposición del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Las defensas de cinco de ellos argumentaron que el Congreso carecía de facultades para anular las leyes y que, además, al hacerlo se registró una intromisión en el Poder Judicial, argumentos descartados por los camaristas en el fallo.

"Aunque se pueda criticar la labor del Congreso de la Nación por su técnica legislativa, de ningún modo puede afirmarse que dicho órgano carece de facultades de anular leyes ni tampoco puede afirmarse que lo establecido por la ley 25.779 constituye una intromisión en la esfera del Poder Judicial", resolvieron.

Al anular las leyes de amnistía, el Congreso "cumplió con la obligación de remover todo obstáculo que imposibilite la investigación y sanción de graves violaciones de los derechos humanos", basado en pactos internacionales a los que el país adhiere.

La decisión sentó precedente a la hora de resolver situaciones de detenidos en esta y otras causas, como la de la Esma y si este criterio es aceptado por la Corte Suprema, se podría declarar abstracto otro tema pendiente: la cuestión de fondo sobre la validez de la sanción de ambas leyes durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Para los camaristas Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo, las leyes de obediencia debida y punto final tuvieron como fin "dejar impunes hechos ilícitos perpetrados por el régimen de facto".