Declaran nulos los procesamientos por los sobornos en el Senado

La Cámara Federal porteña desacreditó al arrepentido por haber cobrado dinero para realizar la confesión

La resolución mediante la cual fueron procesados el ex jefe de la Side Fernando de Santibañes y dos ex senadores acusados de cohecho fue declarada ayer nula por la Cámara Federal porteña, que recordó que el arrepentido Mario Pontaquarto cobró por su confesión y consideró que no hay pruebas sobre el presunto reparto de coimas que habría enmarcado, en el año 2000, la sanción de la ley de reforma laboral.

"La resolución resulta nula pues su fundamentación es sólo aparente desde que se encuentra basada en una investigación defectuosa", sostuvo la Cámara, que dejó sin efecto el fallo mediante el cual fueron procesados, por el cargo de cohecho, De Santibañes, los ex senadores nacionales Emilio Cantarero (PJ) y José Genoud (UCR) y el propio Pontaquarto.

En una resolución de 30 carillas, los camaristas Horacio Vigliani y Martín Irurzun manifestaron que el juez Rodolfo Canicoba Corral "ha dado por verosímil" el relato de Pontaquarto sin producir pruebas suficientes que permitan corroborar o descartar los hechos que narró el arrepentido.

Pontaquarto era secretario parlamentario y mano derecha de Genoud cuando, en el año 2000, fue sancionada la ley de reforma laboral. Según el arrepentido, la norma fue aprobada merced al reparto de 5 millones de dólares entre un grupo de senadores y funcionarios del gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa.

Ayer, la Cámara recordó que Pontaquarto negó la existencia de sobornos en el Senado cuando fue indagado por primera vez, en el 2000, y que se presentó a la Justicia en diciembre de 2003 para confesar que se había ocupado de retirar de la Side 5 millones de dólares.

Pontaquarto, según reseñó el tribunal, formuló su confesión a la revista TXT a cambio de dinero. Exigió al semanario asistencia legal y "que su familia estuviera fuera del país, por seguridad". Luego mantuvo reuniones con el titular del Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y el jefe de Gabinete nacional, Alberto Fernández, y recién después se presentó a la Justicia y prestó la declaración indagatoria en la que se autoincriminó.

El arrepentido precisó que, por instrucciones del propio De la Rúa, el 18 de abril del 2000 retiró de la Side los fondos que ocho días después, cuando el Senado aprobó la nueva ley laboral, entregó a Cantarero para su posterior distribución a otros legisladores.

Contó, además, que preservó 700 mil dólares que luego dio a Genoud, quien a su vez prometió dar una parte al entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique.

Pero la Cámara indicó ayer que "las pruebas producidas no permiten recrear adecuadamente la verdad investigada que se persigue obtener, desde que la confesión, dada a cambio de una retribución, no fue suficientemente controvertida e investigada como para sortear un examen de razonabilidad que determine si esta resulta efectivamente veraz o falaz".

Con todo, Pontaquarto, De Santibañes y los ex senadores continúan imputados en la causa, que sigue en trámite. El juez Canicoba, ahora, deberá profundizar la pesquisa y producir una serie de medidas de prueba ordenadas por la Cámara.

En el expediente, según el tribunal, hay "pruebas ignoradas, y pruebas ordenadas y no cumplidas", lo cual "da cuenta de una investigación no sólo incompleta sino desarrollada desde una perspectiva errada".

En varios párrafos, la Cámara subrayó que Pontaquarto confesó "luego de suscribir un convenio con una publicación periodística", a cambio de "sumas de dinero".

Se trata "de una confesión prestada por quien antes negara su participación, y dada a cambio de una retribución", insistieron los jueces, quienes no rechazaron la versión de Pontaquarto sino que, simplemente, consideraron que no hay evidencia que respalde los dichos del arrepentido porque Canicoba no agotó las medidas de prueba.

Como ejemplo, la Cámara explicó que el empleado de la Side Restanio Bella confirmó que hay cámaras de filmación en el ingreso al organismo pese a lo cual se informó que no existen archivos visuales de la supuesta llegada de Pontaquarto a la secretaría, el 18 de abril de 2000.

Entre decenas de pruebas, los camaristas Vigliani e Irurzun ordenaron peritajes contables sobre patrimonios de imputados, dispuestos pero después "olvidados" por el juez, en particular sobre Pontaquarto en el último trimestre del 2003, "cuando amplió sus dichos".

También se ordenó la reconstrucción "respetando horarios, trayectos y lugares" del recorrido que Pontaquarto cuando entregó el dinero a Emilio Cantarero. Además, sugirió que deben tomarse más declaraciones indagatorias a nombrados por el arrepentido, en alusión a 11 senadores que habrían recibido dinero.

La Cámara puso también la mira sobre la Side: dispuso un peritaje de tarjetas magnéticas de ingresos y egresos y de los registros de movimientos en la bóveda de la Secretaría de Inteligencia del 18 de abril del 2000, día en que Pontaquarto dijo haber retirado el dinero que después pasó por su casa y un hotel.

Sobre un papel con apodo de senadores y montos de dinero que Pontaquarto dijo le fue dado por el senador Emilio Cantarero cuando dejó el dinero en su domicilio, deberá ampliarse el estudio caligráfico.

Paralelamente, el tribunal rechazó una serie de planteos de los acusados y del propio De la Rúa y rehusó apartar de la investigación al juez Canicoba.

Cantarero, Genoud, De Santibañes y Pontaquarto son las caras visibles de la causa.