Desaparecidos. Balance de la querella

Las expectativas se mudaron a la Cámara

Después de la feria se resolverán las apelaciones

Javier Felcaro / La Capital

A casi dos meses del arresto de una decena de represores en el marco de la investigación del funcionamiento de los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y ex Fábrica de Armas Domingo Matheu, además de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en San Lorenzo durante la última dictadura militar, todas las miradas apuntan a la Cámara Federal, que tiene en sus manos las apelaciones de los procesamientos dictados por el juez Omar Digerónimo.

"Hasta ahora el balance es positivo, en el sentido de que, a partir de octubre de 2003 (Digerónimo declaró inválidas e inconstitucionales las leyes de impunidad), los juicios penales avanzaron. También los procesamientos", explicó la abogada Matilde Bruera a La Capital.

Sin embargo, la libertad por falta de mérito del ex teniente coronel Enrique Jordana Testoni (dirigió la Domingo Matheu), dictada el jueves pasado, último día hábil antes del comienzo de la feria judicial de invierno, puso en alerta a los querellantes.

Por eso, alarmados por lo que consideran "un pésimo antecedente" para los procesos en marcha, prometen nuevas medidas. Desde los Tribunales Federales, en tanto, aclararon que la decisión del magistrado no implica una absolución del implicado.


Profundizar
De cara a las futuras resoluciones de la Cámara, querellantes y organismos defensores de los derechos humanos coincidieron en la necesidad de que la Justicia profundice las investigaciones, ampliando medidas y propiciando pruebas. Algo que, insistieron, debería complementarse con la reapertura de la causa Feced, que engloba el accionar represivo en la órbita del II Cuerpo de Ejército.

Pero otra cuestión los desvela: la posibilidad de que la Cámara Nacional de Casación Penal resuelva sentando jurisprudencia en materia penal, algo que terminaría aplicándose a nivel nacional.

La lógica jurídica indica que cualquier resolución de Casación que se diera en las causas que se están llevando adelante en distintos puntos del país repercutirá sobre los otros procesos en trámite o por abrirse.

Según los organismos de derechos humanos, Casación considera estas causas cerradas. Y, a modo de prueba, recordaron que -pese al hallazgo de nuevos hechos- se evitó llevar a los implicados a juicio oral, rigiéndose por el viejo Código Penal.

En ese sentido, este diario accedió a una declaración de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, recientemente remitida a los querellantes rosarinos, con el sugestivo título "El riesgo institucional de la privación de justicia".

Tras recordar que, en agosto pasado, el Congreso de la Nación sancionó la norma que anuló el punto final y la obediencia debida, se destaca que "la Corte Suprema de Justicia y Casación, por distintos pero convergentes caminos, habrían ignorado o desconocido la voluntad del Legislativo".