El PJ quiere acelerar el trámite de la ley de responsabilidad fiscal

El oficialismo intentará el próximo martes sacar de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dictamen favorable al proyecto de Responsabilidad Fiscal que le giró con media sanción el Senado, y que apunta a dar un nuevo encuadre a la relación de la Nación con las provincias.

Así el PJ acelerará los tiempos para tener la chance de tratar la iniciativa sobre tablas el miércoles, aunque es difícil que el radicalismo, que rechaza la ley, facilite el número para habilitar el debate sin que el despacho haya cumplido el plazo reglamentario para ir al recinto.

Por eso, es factible que la discusión en el recinto del proyecto deba esperar unos cuantos días, probablemente hasta el 4 de agosto, según una estimación hecha en el bloque justicialista.

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Snopek (PJ), aseguró que el martes el cuerpo estará en condiciones de sacar dictamen.

Snopek dijo que el proyecto del PEN fue repartido a todos los miembros de la comisión apenas ingresó y se siguieron, paso a paso, las instancias del debate en el Senado, por lo cual estimó que los legisladores conocen sobradamente la iniciativa.

Además, precisó que "habrá cuatro días para estudiarlo, y está la versión taquigráfica con la discusión que se dio en el Senado", pensando en el fin de semana largo del 9 de julio.

Sobre el contenido de la ley, el diputado sostuvo que "no hay que ponerse nerviosos por esta ley, que obliga a la prolijidad y a la transparencia y es un buen camino para ordenar las cosas y emparejar después hacia arriba".

En ese sentido, Snopek dijo no entender "algunas posiciones políticas de partido" contra la ley, en alusión a las críticas que hace el radicalismo al proyecto.

La iniciativa del Poder Ejecutivo pretende satisfacer en la medida de lo políticamente posible la exigencia de establecer una nueva coparticipación federal que plantea el Fondo Monetario Internacional.

El proyecto ingresó al Senado a mediados de junio y su tratamiento estuvo bastante trabado debido a las arduas negociaciones que encararon algunos gobernadores (se destacó en esto el cordobés José Manuel De la Sota) para hacer algunos cambios al articulado.

Las tratativas continuaron durante el debate en la Cámara de Senadores, que concluyó en la madrugada del último jueves.

El proyecto establece la obligación para las provincias de presentar sus proyecciones presupuestarias de los próximos trienios antes del 30 de noviembre de cada año, y dispone que sus gastos corrientes no podrán superar la tasa de aumento anual del PBI que pase el gobierno.

Además, indica que el gasto de las administraciones no podrá tomar deuda cuyo pago anual sea superior al 15 por ciento de los recursos financieros.

Este punto, que dejaría en la ilegalidad a casi la mitad de las provincias cuyas deudas ya superan el porcentaje, fue uno de los nudos a desatar en la negociación que encaró el PJ en el Senado.

Finalmente, en la media sanción del Senado se agregó en el artículo 20 una cláusula de transición para el pago de deudas provinciales.

A su vez, la Nación se compromete a ayudar a las provincias que adhieran al sistema y a presentar ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal sus estimaciones de gastos antes del 31 de agosto de cada año.

En cuanto a las provincias podrán mantener sus regímenes especiales aunque adhieran a la ley y si consiguiesen más recursos por vía impositiva o comercial éstos no se computaran dentro de las restricciones previstas.

El Estado Nacional podrá imponer penalidades para aquellas provincias que no cumplan con las metas previstas, como por ejemplo restringir el derecho a voto en el Consejo, suspender los regímenes especiales y avales.

El radicalismo rechaza el proyecto porque sostiene que primero se debería considerar una nueva ley de coparticipación federal para que las provincias sepan "con los recursos que van a contar" antes de aceptar restringir sus gastos y asumir compromisos respecto de su endeudamiento.

Esa posición la mantuvo en el Senado y se repetirá en la Cámara baja.

También la ley es criticada por el bloque del ARI, por el ahogo que creen que la ley supondrá para las provincias, como así también por otras bancadas de centroizquierda.

(DYN)