Tensión social. Desobedeciendo directivas tras la toma de la comisaría 24º

Una jueza reveló que incumplieron su orden de detener a piqueteros

María Angélica Crotto denunció que había ordenado el desalojo de la seccional. Después le quitaron la causa

La juez María Angélica Crotto denunció ayer ante la Cámara Federal porteña que en la madrugada del sábado último ordenó el desalojo de la comisaría de La Boca y el arresto de los piqueteros que habían tomado la seccional, y aseguró que no sólo fueron incumplidas sus directivas sino que quedó marginada del caso por la sorpresiva intervención de su colega Norberto Oyarbide.

"Actúen, y cuando tengan los detenidos cárguenlos en un celular, llévenlos a Tribunales y avísenme, que yo me constituyo en el juzgado y si me tengo que quedar toda la noche trabajando, no hay problema", ordenó la jueza a la policía, por vía telefónica, cuando fue contactada por la toma de la seccional, según relataron fuentes judiciales.

A casi una semana de los hechos, la jueza promovió una investigación ante la Cámara Federal por posible desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero no encaminó la acción hacia ninguna persona en particular.

La ocupación de la comisaría 24ª de la Policía Federal se produjo a las 0.25 del sábado como consecuencia del asesinato del dirigente piquetero Martín Cisneros, coordinador del comedor comunitario Los Pibes de La Boca.


De turno
Oyarbide había contado que tomó intervención en las causas por el crimen de Cisneros y la consecuente protesta debido a que Crotto, que estaba de turno cuando se produjeron los hechos, no pudo ser localizada por la policía.

Sin embargo, según voceros, Crotto fue contactada por vía telefónica a las 2 del sábado por el comisario Cayetano Grecco y por la fiscalía barrial a cargo de Alicia Martín y María Elena Holden. Entonces, dispuso las primeras medidas por el crimen de Cisneros y ordenó desalojar la seccional y apresar a los ocupantes.

Las instrucciones de la magistrada, agregaron las fuentes, fueron ignoradas. No hubo nuevas comunicaciones a Crotto y, finalmente, Oyarbide quedó al frente de dos investigaciones: la del homicidio y la de la ocupación de la seccional.

Oyarbide, tras disponer las primeras medidas de prueba, se desprendió de los dos expedientes porque no ventilaban ningún delito federal. Por eso, declinó su competencia y giró las actuaciones a la Cámara del Crimen, que remitió la causa por el asesinato al juez de menores Enrique Velázquez y el sumario por la ocupación de la delegación al tribunal que encabeza Alberto Baños.

Al declarar su incompetencia en la causa por los disturbios en la seccional, Oyarbide imputó por más de una decena de ilícitos al diputado bonaerense Luis D'Elía, titular de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) y al dirigente Lito Borello, quienes habrían amenazado y agredido físicamente a los funcionarios de la comisaría, destrozada durante la toma, que duró varias horas.

El gobierno de Néstor Kirchner ha decidido no reprimir acciones de los grupos piqueteros, mientras Crotto ordenó el inmediato desalojo de la comisaría y el arresto de los protagonistas de la ocupación.

Crotto, en cualquier caso, proseguirá con la causa por los sucesos en la delegación de La Boca, ya que su colega Baños dejó el expediente en sus manos.

El juez Velázquez, en tanto, se declaró incompetente en la investigación del crimen y remitió el sumario a su par Adriana Leiras, que estaba de turno cuando fue apresado un menor de 17 años, de nombre Luis, imputado como cómplice del crimen.

Pero Leiras tampoco aceptó asumir la investigación y ahora la Cámara del Crimen deberá dirimir la contienda de competencia entre la magistrada y Velázquez.

Por la muerte de Cisneros también está preso Juan Carlos Duarte, sindicado por D'Elía como informante de la comisaría y supuesto distribuidor de drogas.

En tanto, la denuncia e investigación de posibles delitos consumados en protestas piqueteras son responsabilidad de los fiscales y los jueces, mientras que custodiar el orden público es tarea del Poder Ejecutivo, según aseguraron altas fuentes de la Procuración General de la Nación.

Desde el organismo, que encabeza el flamante procurador Esteban Righi, se advirtió que no se darán directivas de ningún tipo a los fiscales para actuar en estos casos, porque se respetará su autonomía de acción (ver página 9).

Piqueteros "duros" y "blandos" marcharon juntos.