Los vecinos del sudoeste de la ciudad podrán tener un espacio verde

Al final, la alcaidía se construirá dentro de la Jefatura de Policía

El titular de Gobierno santafesino pidió que el municipio ayude a buscar predios para más cárceles

Carina Bazzoni / La Capital

El gobierno provincial estaría dispuesto a dar marcha atrás con la construcción de una alcaidía en los terrenos ubicados detrás de la Jefatura de Policía (Ovidio Lagos 5250) que, de acuerdo al Código Urbano, debían convertirse en espacios verdes. Para esto, el municipio tendría que comprometerse a buscar otros predios para levantar dos nuevos penales, que ayudarán a descomprimir la situación de las comisarías de la ciudad donde actualmente se alojan unos 1.200 detenidos. El ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Rosúa, y el intendente, Miguel Lifschitz, se reunirán pasado mañana para comenzar a estudiar el tema.

"Nosotros podemos trasladar la alcaidía que está proyectada fuera del predio de la Jefatura a su interior. Pero en consecuencia, es indispensable que la Municipalidad nos ayude a encontrar otros terrenos", aseguró Rosúa.

El funcionario no eludió la razón que generó este inminente cambio de planes, la resistencia de quienes viven en las inmediaciones de la sede de la Jefatura de Policía que quieren ver construido allí -tal cual lo establece el Código Urbano- un lugar de esparcimiento. Nada menos compatible con un edificio para la detención de personas.

"Los vecinos se sienten molestos, y a lo mejor tenían razón, porque el predio puede dedicarse a espacios verdes", sostuvo Rosúa.

En el mismo sentido se expresó el intendente Miguel Lifschitz. "Vamos a tratar de buscar una solución que pueda congeniar la necesidad de construir la alcaidía con la demanda de los vecinos que entendemos que es lógica y razonable".

Para el intendente, esta solución "tal vez pueda pasar por construir la alcaidía dentro del actual predio de la nueva Jefatura", indicó en sintonía con la propuesta del ministro de Gobierno provincial.

Lo cierto es que, más allá del lugar que se elija para levantarlas, Rosúa volvió a reafirmar la necesidad de construir "por lo menos tres, sino cuatro" nuevos penales en Rosario.

Estos edificios ayudarán a resolver el problema de los 1.200 presos que actualmente se alojan en las comisarías de la ciudad. "Tenemos que reemplazar estos lugares de detención", aseguró el titular de la cartera política de la provincia.


A la caza de alternativas
Justamente, para acercar una solución a la saturación de detenidos que actualmente tienen las comisarías de la ciudad, pasado mañana, a las 10, Rosúa y Lifschitz se verán las caras.

"Vamos a trabajar en conjunto para buscar otros lugares (donde puedan construirse alcaidías)", adelantó el ministro de Gobierno, a la par que aseguró que "ya se manejan varios terrenos alternativos", sobre los cuales no quiso explayarse más "para evitar problemas".

Lifschitz, en cambio, fue más escueto: "Vamos a charlar sobre la alcaidía y otros temas relacionados con la seguridad en la ciudad".

El sigilo quizás tenga que ver con la resistencia que tuvo el proyecto de levantar la alcaidía en los terrenos adyacentes a la Jefatura.

La polémica por la construcción de este penal para alojar unos 200 detenidos sin sentencia judicial se remonta a principios de este mes, cuando se abrieron los sobres de las siete empresas que se presentaron a la licitación abierta por la provincia para levantar el edificio.

Ni bien se enteraron, los vecinos de la zona pusieron el grito en el cielo, recordaron la normativa que preveía la construcción de un espacio recreativo y advirtieron que lindantes al sitio donde se levantaría la alcaidía se hallan los predios de tres clubes y los campos de deportes de dos escuelas.

Rápidos de reflejos, los representantes del barrio se hicieron escuchar en la comisión de Seguridad del Concejo Municipal advirtiendo sobre el "impacto negativo" que tendría la alcaidía en el barrio.

Una carta jugaba a su favor: el Concejo había determinado que ese sector de la ciudad debía ser destinado a espacio verde, por lo cual para llevar adelante la construcción del penal debía modificarse esa ordenanza, aprobando el cambio de uso de los terrenos.

Sin embargo, en el año 2000, cuando la provincia cedió al municipio parte de los terrenos para la apertura de avenida Francia, el entonces intendente Hermes Binner había firmado un compromiso a favor de la construcción de una alcaidía. Pero ni el municipio, ni la provincia mandaron esa propuesta al Concejo.

Para la construcción de la alcaidía, el gobierno dispone de un presupuesto de algo más de 5 millones de pesos (5.378.325,17 para ser más exactos). El edificio contaría con 5 módulos que, en principio, alojarán unos 200 reclusos, lo que representa el 17 por ciento del total de los apresados actualmente en las comisarías rosarinas.