El ex teniente Juan Amelong hoy declara ante el juez Digerónimo

Es el primero de los ex represores que será indagado. Ayer pidieron la captura de Andrés Ferrero

Jorge Salum / La Capital

Casi tres décadas después de formar parte de la dotación militar del II Cuerpo de Ejército, el ex teniente Juan Daniel Amelong deberá explicar hoy por primera vez ante un magistrado cuál fue su desempeño en las cárceles clandestinas que funcionaron en la Fábrica Militar Domingo Matheu y la Quinta de Funes, donde se torturó y desaparecieron decenas de personas durante la última dictadura. Otros militares retirados deberán comparecer en los próximos días ante la justicia por el mismo motivo, aunque el número no es definitivo: esta misma mañana el juez federal Omar Digerónimo ampliará la nómina con la orden de detención de otros ex jerarcas castrenses involucrados en los mismos delitos.

Amelong es el único de los primeros siete militares a los que mandó detener el lunes Digerónimo que ya está a disposición del magistrado: se entregó el lunes y el juez tenía previsto indagarlo ayer a la mañana. Sin embargo el ex teniente pidió 24 horas de plazo para designar a un abogado defensor y recién será interrogado esta mañana, según confirmaron a La Capital fuentes del juzgado.

Ayer fue un día intenso para Digerónimo y sus colaboradores. Por la mañana el juez libró la orden de detención contra quien fuera subjefe del II Cuerpo de Ejército en 1976, Andrés Agustín Ferrero, y por la tarde despachó exhortos a dos jueces federales de la Capital Federal que tienen detenidos a Luciano Adolfo Jáuregui y Oscar Pascual Guerrieri por otras causas.


Pedido de competencia
El magistrado rosarino pidió a sus colegas que pongan a ambos ex militares a su disposición para indagarlos por su responsabilidad en el secuestro, tortura y desaparición de personas en la Quinta de Funes y la Fábrica Militar.

Digerónimo también aguardó durante todo el día novedades de la Policía Federal sobre el destino de Rubén Fariña, Hugo Augusto Vigarte, Enrique Testoni y Edgardo Aquiles Pozzi, a quien también ordenó detener para indagarlos. Sin embargo, fuentes próximas a su despacho dijeron que cuando caía la tarde nada se sabía sobre ellos, excepto la posibilidad cada vez más concreta, aunque aún no oficial, de que Pozzi ya haya fallecido.

Amelong, quien se fue de baja del Ejército hace varios años y actualmente ejerce la abogacía en el foro local, está detenido en dependencias de la fuerza a la que pertenecía en 1976, cuando varios sobrevivientes lo vieron en la Quinta de Funes y la Fábrica Militar. Según el testimonio de esas personas, tenía voz de mando y además torturaba a los detenidos.

Una de las víctimas que lo identificó al declarar ante la Justicia es Adriana Arce, una sobreviviente que actualmente reside en España y que estuvo detenida ilegalmente en el lugar donde hoy funciona la Jefatura de Policía de Rosario.

Arce saludó ayer desde su lugar de residencia, a través de la emisora LT8, la decisión de Digerónimo de investigar a los militares represores para establecer su responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante los años de plomo (ver página 9).

Cuando Amelong vaya esta mañana a los Tribunales Federales, en Oroño al 900, el juez Digerónimo probablemente habrá despachado ya otra tanda de órdenes de detención para más militares y policías involucrados en casos de secuestro, tortura y desaparición de personas. Si bien el magistrado mantiene una actitud de estricta reserva sobre estas medidas, voceros tribunalicios anticiparon que incluirá a otros represores mencionados por sobrevivientes de la Quinta de Funes y la Fábrica Militar, y probablemente también de otras cárceles clandestinas.

La novedad, respecto a la nómina que se conoció el lunes y que integra Amelong, es que esta vez serían detenidos algunos ex policías que trabajaron bajo las órdenes del represor Agustín Feced, quien a partir del 24 de marzo de 1976 tuvo a su cargo la conducción de la fuerza y según los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención destacó por la saña con la que trató a los secuestrados luego desaparecidos.

En el juzgado de Digerónimo aún no había certezas ayer respecto al momento en que el magistrado ordenará la detención de los ex generales Ramón Genaro Díaz Bessone y Juan Carlos Trimarco, quienes sucedieron a Leopoldo Fortunato Galtieri en la conducción del II Cuerpo de Ejército y fueron los máximos responsables del aparato represivo montado en la época por la dictadura castrense. El magistrado todavía no puede hacerlo porque está en vigencia el decreto presidencial que firmó Carlos Menem a principio de los años 90 y que indultó a decenas de militares que participaron en la represión ilegal.

Respecto de Ferrero, fue el subjefe de Galtieri en 1976 y estuvo en la comandancia del II Cuerpo hasta diciembre de ese año, cuando pasó a desempeñarse como segundo de Carlos Suárez Mason en el I Cuerpo. En el Juzgado Federal Nº4 se manejaba ayer el dato de que Ferrero, al igual que Pozzi, ya había fallecido, aunque esperaban corroborarlo a partir de la orden de detención que le entregaron a la Policía Federal.

Ferrero, quien podría haber fallecido, fue subjefe de Galtieri y estuvo en la comandancia del II Cuerpo hasta diciembre de 1976.