Asesinó a su mujer en Acebal y cumplirá 12 años de prisión en lugar de perpetua

El honor mancillado como atenuante

Un juez le rebajó la pena a un hombre que mató a golpes a su esposa porque pensaba que ella le era infiel. Dos abogadas dicen que, en contra de la ley, el veredicto valora más la supuesta ofensa que la supresión de la vida

Osvaldo Aguirre / La Capital

Dos abogadas especializadas en Derecho de familia cuestionaron el fallo de un juez de sentencia de Rosario que al condenar a un policía que asesinó a su esposa consideró como atenuante el hecho de que había descubierto que la víctima supuestamente tenía un amante. Por eso le impuso 12 años de prisión, en un delito que se castiga con la prisión perpetua.

El caso ocurrió el 8 de febrero de 2001, en Acebal, y tuvo como protagonistas al cabo primero Pedro Hipólito Lescano y a su esposa, Patricia Alejandra Azcurra. Después de mantener una discusión, Lescano llevó a su mujer en auto hasta una zona cercana al arroyo Pavón. Allí le propinó una paliza bestial, que la dejó al borde de la muerte.

Azcurra alcanzó a contar lo que había ocurrido a su madre, cuando la trasladaban en una ambulancia a Rosario. En el Sanatorio Plaza, donde la internaron, orinaba sangre y debieron extirparle un riñón. La mujer falleció tras agonizar durante tres días. Tenía 28 años y dos hijos de 11 y 7 años.

Lescano fue procesado por homicidio calificado agravado por el vínculo, pena que se castiga con prisión perpetua. Sin embargo, el pasado mes de marzo, el juez de sentencia José María Casas condenó al policía a 12 años de prisión. Si bien rechazó un planteo de la defensa -que invocó la emoción violenta- a la vez aceptó como atenuante el hecho de que el homicida se había enterado de que supuestamente su esposa tenía un amante.

"Denunciamos al juez por aplicar jurisprudencia de crímenes de honor, es decir de aquellos casos en que se disculpaba a los hombres que mataban a sus mujeres para salvar su honra. El juez no está aplicando la ley de manera imparcial, se está solidarizando con el señor (Lescano)", considera Susana Chiarotti, miembro del Comité de América Latina y del Caribe por la defensa de los derechos de la mujer (Cladem) y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario.


"El juez no es neutral"
Para Alicia Giménez, integrante del equipo de violencia familiar del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, el fallo hace lugar de manera incorrecta a la hipótesis de emoción violenta. "Esta posibilidad se entendería en un hecho ocurrido en el lugar -dice-. Pero ese señor convence a la mujer de que suba al auto, la aleja de la casa y la golpea hasta que se cansa. Además, por la información que se conoce, parece algo premeditado".

El fallo por la espantosa muerte de Patricia Azcurra fue apelado, por lo que es ahora revisado por la Cámara Penal. El Juzgado de Sentencia a cargo de Casas rehusó informar a este diario sobre las particularidades de la resolución hasta tanto se expidiera el Tribunal superior.

Los datos que se conocen provienen de las declaraciones que hicieron familiares de Azcurra al ocurrir el asesinato y del propio Juzgado de Sentencia, cuando informó sobre la condena a Lescano.

Según los familiares de la víctima, el policía tenía antecedentes de violencia, por haber agredido a un familiar de su esposa y a una mujer que habría sido su amante. A la vez, del expediente se desprende que tanto Azcurra como Lescano tenían otras relaciones sentimentales. A diferencia de la mujer, el policía parece haber creído que tenía un motivo para matar.

"No me parece que descubrir una infidelidad pueda ser un atenuante, ni para varones ni para mujeres -dice Susana Chiarotti-. En esos casos tenemos una figura que es la de injurias: podemos ir y divorciarnos. Pero si cada persona que descubre que su pareja le es infiel va y la mata, Rosario podría convertirse en un baño de sangre".

Entre el asombro y la indignación, Chiarotti cree que el fallo es un regreso a las zonas más oscuras del pasado. "Este juez reproduce sentencias de la Colonia, la época en que las mujeres éramos esclavas. Está abriendo la puerta para facilitar lo que llamamos crímenes de honor. Cada vez son menos los jueces que tienen ese pensamiento tan atrasado, porque han sido denunciados en todo el mundo por el movimiento de mujeres", agrega.


Lavar la afrenta
En los llamados crímenes de honor, "los hombres no matan para defender su vida ni sus bienes ni las vidas de otros seres queridos: están lavando lo que consideran su honor. No está en la ley, pero los jueces perdonan al que mata para lavar esa supuesta mancha".

La especialista en Género remarcó que "en este caso un hombre que tiene antecedentes de ser violento mata a una mujer joven, con dos hijos y toda la vida por delante. Era un problema que se arreglaba en Tribunales con un divorcio. Y le quitó la vida. Es decir, el honor de este señor vale la vida de su mujer".

En consecuencia, "este es claramente un crimen de género, un femicidio que el juez disculpa porque el acusado es un varón: tenemos a un juez que no es neutral, un juez patriarcal que está aplicando jurisprudencia de crímenes de honor".

En las historias de violencia familiar, un crimen no es sino el desenlace de una serie de hechos. "La violencia familiar es un ciclo que se repite y cada vez se agrava más, cada vez caen más barreras. Primero es un insulto, después un golpe. Se van perdiendo los límites y la violencia es vivida como una cosa natural", dice Alicia Giménez.

En ese ciclo, "hay una etapa crítica, con discusiones y peleas, después sigue lo que llamamos luna de miel, el momento del arrepentimiento y del pedido de perdón, y más tarde una nueva situación de violencia, que puede ser desencadenada por cualquier cosa. Es una espiral cada vez más grave, si no se frena con separaciones, tratamientos adecuados y tomar conciencia de que se mantienen relaciones enfermas".

El crimen es el punto más cerrado del espiral. "A veces no hay intención de matar, pero sí de ejercer la violencia. Y el resultado es la muerte, o las lesiones, o las incapacidades para el resto de la vida". En la provincia, la violencia familiar está penada por una ley sancionada en diciembre de 1997 y reglamentada en julio de 2001.

Susana Chiarotti observa que toda sanción judicial contiene un mensaje. Y que en el caso en cuestión ese mensaje es, al menos, equívoco. "Si realmente va a hacer Justicia -dice-, si necesitamos probar todavía que el hombre no es dueño de la vida de su mujer y tenemos que desanimar para que no sigan matando a las mujeres, la sentencia del juez debe tener un significado. Si estamos en una sociedad civilizada, el significado debe ser: esto es ilegal, no se puede quitar la vida, aunque te engañen. Evidentemente, aquí el juez consideró que es muy grave engañar a un varón. Quisiera saber cómo hace en un caso donde una mujer mata a un hombre porque la engaña".