Análisis: Un criterio de Justicia según quien sea el juez

Hernán Lascano / La Capital

"En la Justicia, en la policía, en los gobiernos se genera la impresión de que los afectados por la impunidad, por la injusticia, por el olvido son absolutamente molestos para la tarea del Estado". Lo dijo anteayer Néstor Kirchner ante unos 250 familiares de víctimas del delito común y de la violencia policial. Diez rosarinos que perdieron seres queridos estaban allí escuchándolo.

Los persistentes reclamos de allegados a estas víctimas son a veces, como dice Kirchner, una carga fastidiosa para ciertos funcionarios del Estado. Sobre todo cuando estas personas repiten un mismo tópico: que la Justicia es algo alcanzable según el juez que conduzca el caso.

En octubre pasado desde el Ministerio de Justicia de la Nación se afirmó que había, en el Poder Judicial santafesino, morosidad y constantes denuncias de complicidad con la fuerza policial en procesos con uniformados envueltos en homicidios. Casualidad o causalidad, desde entonces el cambio de conducta en los Tribunales fue notable.

Las cámaras penales empezaron a revisar casos cerrados donde policías acusados de ejecuciones sumarias habían sido sobreseídos. Y a ordenarles a los jueces inferiores que las reabrieran por vicios de proceso, por no agotar pruebas, por no citar a los imputados de los homicidios, por desestimar dichos de testigos.

El arraigo del que hoy goza aquel comentario de Kirchner y la atmósfera política desbaratan la ilusoria asepsia legal de las resoluciones judiciales, desnudando cómo suelen estar teñidas de juicios de valor. Un ejemplo evidente y desconcertante es la investigación del homicidio de Carlos Gauna, cuya madre estuvo el viernes con Kirchner. Gauna, de 20 años, murió por un tiro en la nuca de un policía del Comando en agosto de 2002, en barrio Ludueña. El primer juez que tomó el caso consideró que el policía replicó una agresión previa, dio por agotada la pesquisa y lo sobreseyó. Al fragor de una audible protesta, la cámara penal observó que quedaban pendientes numerosas medidas y ordenó reabrir la causa. El nuevo juez que tomó el caso evaluó todo al revés: que no hubo tiroteo, que el joven abatido estuvo desarmado y que lo habían fusilado. Ahora el policía que tiró está con prisión preventiva por homicidio simple.

La situación induce al mayor desconcierto: dos jueces del mismo nivel y fuero adoptan ante el mismo caso resoluciones diametralmente opuestas. Uno no registra dolo en la conducta del policía y lo libera sin citarlo. El otro, con iguales elementos, encuadra su accionar como el de un homicida y lo deja preso.

Cosas así promueven la esquizofrénica sensación de que el servicio de justicia es arbitrario y transferible: según esté en turno el juez número 5 o 12, puede inferirse, el veredicto puede ser uno o su exacto antagónico. Lo que estimula esa sensación es que aquí no hay mala praxis: el que erra puede volver a errar sin que los errores se paguen. Dos resoluciones opuestas dicen necesariamente que una de ellas está equivocada. Sin embargo en Rosario el Poder Judicial mantiene el clima de que la impunidad es posible porque nadie, ni desde arriba ni desde abajo, denuncia que estas cosas deben tener reproche.

El caso del artículo de esta misma página es otro ejemplo de perplejidad. En la cárcel de Riccheri y Zeballos hay encausados sin condena por robar una bicicleta con arma. Los policías envueltos en la muerte de Ariel Colque están procesados por homicidio calificado -una de las figuras más graves del Código Penal- pero libres por las demoras judiciales de los procesos. Estas morosidades, como fue denunciado de viva voz en la asamblea del viernes del Colegio de Abogados de Rosario, estimulan la impunidad y tienen responsables. En el edificio de Balcarce y Pellegrini parecen no ser más que una cuestión de entrecasa.