Un sistema de contención para chicos conflictivos

En Neuquén aplican medidas alternativas para que adolescentes que han delinquido no estén en prisión

Ni uno solo de los 1.200 adolescentes que están en conflicto con la ley penal ha sido privado de su libertad en neuquén, donde rige una ley de protección integral para la niñez que redujo el índice de reincidencia en este sector de la población, informaron fuentes judiciales.

El sistema, que está en sintonía con la Convención de los Derechos del Niño, se basa en aplicación de medidas alternativas al encierro y, según las estadísticas, hizo que los niveles de reincidencia bajaran desde el 52 al 28 por ciento.

Los menores que cometieron delitos quedan bajo "órdenes de conducta" y dentro del sistema de "libertad asistida", con el apoyo de psicólogos y asistentes sociales, que en ocasiones logran que los imputados puedan reparar el daño causado a sus víctimas.

Gustavo Palmieri, a cargo de la Defensoría Oficial de Primera Instancia en lo Penal del Niño y el Adolescente de Neuquén dijo que también rige en la provincia "la mediación penal, pero no a cargo de un miembro del Poder Judicial sino a través de la Secretaría de Acción Social".

"Con la mediación -precisó- se soluciona el 80 por ciento de los casos con acuerdo de las víctimas, por lo que los menores imputados no ingresan al sistema penal y no son criminalizados".

Neuquén obtuvo estos resultados a partir de la aplicación de la ley de protección integral de los derechos de la niña, el niño y los adolescentes sancionada hace tres años.

"Con esa ley -aclaró Palmieri- la provincia creó un sistema de justicia penal juvenil especializado que consagra garantías para los jóvenes infractores, contempla medidas de reinserción social y concibe a la prisión como recurso final".

Palmieri también destacó que de la totalidad de los delitos cometidos en la provincia, solo el 10 por ciento fue protagonizado por menores de 18 años.

De acuerdo con la nueva ley, sostuvo, "el arresto se usa sólo como medida cautelar para asegurar que el joven vaya a las audiencias y al juicio oral".

Puntualizó que el arresto está previsto por la ley y se aplica "sólo si es necesario, cuando no hay una vía distinta para impedir los peligros procesales. En el régimen de órdenes de conducta, los menores deben vivir en un domicilio determinado, como medida de arraigo, una vez al mes deben ir a la Defensoría y se les ordena no acercarse adonde vive la víctima y que no hablen con los testigos".

En el sistema de libertad asistida, aplicado a los delitos más graves, el menor queda a resguardo de "tres profesionales, un psicólogo, un asistente social y un operador de calle que recorre el barrio" para saber de su comportamiento.

El defensor de Menores explicó que del total de delitos que cometieron los adolescentes en la provincia, "el 50 por ciento son contra la propiedad y el 25 por ciento contra las personas".

En tanto que los delitos graves, como robos o asaltos a mano armada, no superan el 3 por ciento, tal como surgen de las estadísticas históricas de la provincia. (Télam)