Piden a la Justicia que retome la investigación de la represión en Rosario

Una llave para reabrir la causa Feced

Exigen la detención de los represores que fueron imputados por la desaparición de Daniel Gorosito

Osvaldo Aguirre / La Capital

La compañera de un desaparecido durante la dictadura militar pidió al juez federal Omar Digerónimo la reapertura de la causa Feced, como se conoce al conjunto de investigaciones realizadas sobre la represión ilegal en Rosario y que quedaron truncas con la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida. Si la demanda tuviera una respuesta favorable podrían volver a prisión algunos de los represores más conocidos del antiguo Servicio de Informaciones de la policía rosarina.

La presentación fue realizada por Elida Luna, compañera de Daniel Gorosito, quien solicitó la aplicación de la ley 25.779, que declaró la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En consecuencia, correspondería "la reactivación de la instrucción penal de la causa completa, colocando en situación de detención a aquellos imputados que se encontraban en prisión preventiva".

Con el patrocinio del Equipo Jurídico de Derechos Humanos, Luna ya había planteado un pedido similar en diciembre pasado, sin obtener respuesta del juez Digerónimo. Ahora, además de insistir en la reapertura de la causa Feced, solicitó la inconstitucionalidad del indulto de 1989, que favoreció a los ex jefes del Segundo Cuerpo de Ejército, "y, en consecuencia, se retrotraigan sus situaciones procesales al momento previo a su dictado".

La desaparición de Daniel Gorosito fue investigada a partir de fines de 1998 en uno de los juicios por la verdad. Pero la nulidad de las leyes de impunidad la convirtió en una causa penal. Por eso se plantea remitir el expediente al momento anterior a esas leyes ahora inválidas.

Si la Justicia aplicara al caso la ley vigente, deberían ser citados los responsables del centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía, donde Gorosito fue visto por última vez el 28 de octubre de 1976. En el Equipo Jurídico creen que de esa manera la causa podría constituir la llave para reabrir el expediente de la represión ilegal en Rosario.

"El juez Rodolfo Canicoba Corral abrió en una forma similar a la que planteamos el expediente por la represión en el Primer Cuerpo de Ejército: tomó la lista de los beneficiarios de las leyes de obediencia debida y punto final y de los indultos y retomó la causa desde el momento anterior", explicaron los abogados Matilde Bruera y Gonzalo Stara, integrantes del Equipo Jurídico de Derechos Humanos.

Al mismo tiempo, en otra presentación, el Equipo pidió "que se detenga y se indague a los que se identifiquen como imputados" en la investigación de los centros clandestinos de la ciudad de Funes.

"El juicio a las juntas probó que hubo un plan sistemático de represión. Los imputados en cada caso surgen de la cadena de mandos. Todos los que ocuparon cargos, al margen de los autores directos, son responsables", señalaron los abogados.

"Siempre se trabajó con la hipótesis de La Quinta de Funes como único centro clandestino y se siguió el recorrido que marcó Jaime Dri. Es decir, el traslado de los detenidos a la Escuela Magnasco (Ovidio Lagos y Zeballos), a fines de 1977, y en febrero de 1978 a la quinta La Intermedia, sobre la autopista Rosario-Santa Fe, en La Ribera, que todavía pertenece a los Amelong", señalaron los abogados. En ese marco, la causa que se sigue ha iluminado aspectos desconocidos: "en realidad hubo muchas quintas, algo que recién ahora se investiga, porque ni siquiera apareció en la causa Feced".

Un dato aportado al Equipo Jurídico reveló la existencia del centro clandestino de detención El Castillo, reconocido por el canciller Rafael Bielsa como el sitio de su cautiverio en 1977 y el lugar donde tuvo una entrevista con Leopoldo Galtieri.

"Bielsa reconoció el sótano donde estuvo preso, el baño, el cuarto de torturas, la cocina y un mangrullo antiguo que tenía una pieza donde estuvo con otros detenidos. Describió El Castillo como una quinta operativa, donde había movimiento del Ejército y la policía", recordó Bruera.

Por su parte, el ex intendente de Funes, Juan Míguez, reveló la existencia de otro centro clandestino, llamado La Española. Algo que era vox populi, pero que no había llegado a los oídos de la Justicia.