Diputados aprobaría hoy varias de las medidas pedidas por Blumberg

En comisión, la Cámara suscribió la suma de penas y subió los años exigidos para lograr la libertad condicional

La segunda marcha encabezada por Juan Carlos Blumberg tuvo nuevamente efectos en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo apresuró la aprobación en comisión de fuertes restricciones a la libertad condicional y la suma de condenas y las dejó listas para ser votadas hoy por el pleno de la Cámara. El jefe de la bancada justicialista, José María Díaz Bancalari, dijo que la intención es tratar "mañana mismo" (por hoy) en la sesión los tres proyectos firmados ayer en la comisión de Legislación Penal.

* La primera modificación, ya resuelta en el Senado, fija un mínimo de 35 años para el otorgamiento de la libertad condicional para los culpables de homicidio perpertrado con otro delito, violación y secuestro seguido de muerte. Sin embargo, los diputados subieron en 15 años el mínimo previsto por los senadores.

* Los integrantes de la comisión de Legislación Penal también aprobaron un sistema de suma de penas, aunque con un tope de 50 años. La modificación es un cambio fundamental para la filosofía que hasta el presente rigió el Código y el derecho penal argentino. La propuesta inicial, de la diputada riquista Mirta Pérez, era sin máximo de años. Pero el Justicialismo acordó con la legisladora fijar un tope, que quedó en los 50 años porque es la mayor pena prevista por el Código, en el artículo que prevé castigos para los delitos de sedición contra la democracia.

En Argentina rige hasta ahora el criterio de la pena más severa: es decir, un delincuente cumple la pena más dura cuando recibe varias condenas. En otros países, como EEUU y España entre muchos otros, las penas se suman sin límite de años. Es así que terroristas de la ETA, por ejemplo, han sido condenados a centenares de años de prisión, y en EEUU ha habido casos de media decena de cadenas perpetuas para el mismo acusado.

* El tercero de los proyectos aprobados en la comisión establece la reclusión o prisión perpetua para la violación seguida de muerte. La reunión de Legislación Penal fue la primera después del reto público de Blumberg, quien en la protesta frente a los tribunales porteños acusó a los Diputados de demorar los proyectos que quiere ver convertidos en ley.

Ante esta presión social, ayer la mayoría de los diputados llegó puntual al encuentro, y quienes se oponen a la teoría del aumento de penas eligieron el silencio. La discusión estuvo conducida por los diputados que consideran el endurecimiento de penas una solución para la inseguridad, un grupo donde coinciden justicialistas como Carlos Ruckauf y Jorge Casanovas, la riquista Mirta Pérez y el pierrista Hugo Franco.

Los diputados que se oponen a la lógica de la "mano dura", como la justicialista María del Carmen Falbo, la arista Laura Mussa o la socialista María Elena Barbagelata, prefirieron esquivar la polémica y mantenerse callados.


Debate por la edad
La diputada justicialista Hilda Chiche González de Duhalde condicionó su apoyo a la propuesta gubernamental de bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años a que la iniciativa esté acompañada de un "régimen integral de protección de los derechos humanos del niño y el adolescente".

Tras advertir que "legislar no es votar leyes movidos por el humor social o por la opinión de los medios", adelantó que "en las próximas horas" propondrá al Parlamento la aprobación del proyecto de seguridad que elaboró en 1997 junto a legisladoras de distintos partidos y que si bien tiene media sanción de Diputados, el "Senado nunca trató".

* En tanto, el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, presentó en el Congreso nacional un proyecto para la derogación de la denominada "Ley Cafiero", que impide a la Ciudad de Buenos Aires contar con su propio cuerpo de policía. Según Ibarra, esta iniciativa podría contar con una rápida aprobación, ya que "el gobierno nacional no tiene objeciones en derogar la Ley Cafiero", que además de permitir la conformación de esta nueva fuerza de seguridad, abre la puerta a la transferencia de las comisarías de la Policía Federal al ámbito comunal porteño.

Los diputados de la comisión apuraron el paso.