El juicio. Otro ex funcionario menemista admitió la existencia de "dinero negro"

El escándalo de los sobresueldos sacude ahora a los diputados

Ordenan reabrir una causa por el pago de un "plus" a legisladores durante el gobierno de Eduardo Duhalde

La Cámara Federal porteña ordenó ayer reabrir una investigación penal por el presunto pago de sobresueldos en la Cámara de Diputados. La causa, que se inició en el año 2002 y había sido archivada por el juez Claudio Bonadío, agregó su cuota al escándalo desatado por la denuncia respecto a la misma práctica en el gabinete de Carlos Menem. La maniobra fue ventilada en el juicio oral que se le sigue a María Julia Alsogaray (ver aparte).

La información fue suministrada por fuentes judiciales, quienes precisaron que la sala I de la Cámara, integrada por los jueces Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani, encomendó al juez profundizar la pesquisa por considerar que archivó el expediente sin agotar las medidas de prueba.

La Fiscalía federal apeló ante la Cámara la clausura de la investigación, y la Sala I compartió ese criterio y consideró prematuro el archivo de las actuaciones, dijeron las fuentes.

La denuncia que dio origen a la causa fue formulada públicamente por los diputados Julio Gutiérrez (Santa Fe), Ricardo Falú (PJ-Tucumán), el ahora ex legislador y gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo y los peronistas Gerardo Conte Grand y Arturo Lafalla.

Fue el abogado Ricardo Monner Sans quien promovió una investigación ante la Justicia federal.

Los diputados que reportaron la presunta maniobra aseguraron que el entonces "titular del bloque justicialista, Humberto Roggero, ofreció sobresueldos por 2000 pesos" y señalaron que algunos miembros de la Cámara baja habrían aceptado la dádiva, que cobrarían sin recibo alguno.

Los denunciantes -quienes también sembraron sospechas sobre el diputado Eduardo Camaño, presidente de la Cámara baja- ratificaron la supuesta existencia de sobresueldos al ser convocados a declarar por el juez en calidad de testigos.

Los pagos ilegales se habrían concretado a partir de abril de 2002, en el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde.

Roggero salió a negar públicamente el manejo de dinero sucio en la bancada peronista, mientras los diputados denunciantes aseguraron que la oferta de sobresueldos "a miembros del Grupo Talcahuano" provino directamente desde la presidencia del bloque.

"Nos dijeron primero que era por el área de economía de la Cámara. Luego el presidente (Camaño) nos dijo que no, que no salía del presupuesto de la Cámara y que presentáramos las notas correspondientes para pedir las aclaraciones", sostuvo entonces Gutiérrez.

Camaño, por su parte, aseveró ser ajeno al posible reparto de sobresueldos a diputados y desafió a los miembros del Grupo Talcahuano a "presentar pruebas. Me pregunto cómo 120 diputados dicen eso y 125 dicen que no".

Ahora Bonadío deberá reactivar la pesquisa en virtud de lo dispuesto ayer por la Cámara, en la misma jornada en que Monner Sans denunció el presunto pago de sobresueldos por 50 mil pesos mensuales a ministros y secretarios del gabinete del ex presidente Menem.


Nuevos testimonios
La denuncia por pago de sobresueldos a funcionarios menemistas tuvo ayer otra jornada cargada de confesiones. Paralelamente, el fiscal federal Guillermo Montenegro dispuso las primeras medidas de prueba destinadas a establecer si ministros y secretarios de Estado cobraron millonarios sobresueldos en el gobierno de Menem.

Fuentes judiciales explicaron que Montenegro quedó a cargo de la investigación por el presunto reparto ilegal de fondos públicos debido a que el juez federal Jorge Ballestero delegó el sumario a la Fiscalía. Ballestero recibió la denuncia que radicó ayer Monner Sans.

El jueves, en el marco del juicio que se sigue contra la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray, un alto ex subsecretario confesó haber recibido dinero en negro, mientras que el ex presidente Menem y sus colaboradores fueron denunciados en la Justicia federal por este tema.

Santiago Lozano, quien se desempeñó como subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior desde 1991 a 1993 admitió que cobraba un sobresueldo sin firmar ningún recibo, y sostuvo que el entonces secretario de Ingresos Públicos Carlos Tacchi les explicaba que ello se hacía mediante "una ley secreta".

El primer reconocimiento en este sentido se hizo en el marco del juicio oral que se le sigue a la detenida ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray por presunto enriquecimiento ilícito (ver aparte).

Lozano, quien luego fue director del Banco Hipotecario Nacional, formuló esta revelación, tras las denuncia que ante el mismo tribunal realizó anteayer Roberto Martínez Medina, secretario privado del ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, quien declaró que ministros y secretarios del gabinete de Menem "cobraban 50 mil pesos por mes" en concepto de "sobresueldo".

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, aseguró que durante su gestión como ministro del Interior de Carlos Menem "no cobré ningún sobresueldo ni se manejaron fondos reservados". No obstante, reveló: "Sé que (durante la gestión de Carlos) Corach los manejó".

Julio Gutiérrez, uno de los que promovió la causa penal.