Cuestionan la anarquía del sistema

El proyecto por el cual se impulsa la necesidad de evaluar y reformar la ley federal de educación propone convocar a un Congreso Educativo Nacional en el que participen todos los actores educativos. La idea es -según la letra del proyecto- "promover y producir un proceso de análisis, debate y evaluación respecto de la reforma y transformación educativa que puso en marcha la implementación de la ley federal de educación", de manera de obtener un diagnóstico actualizado de los alcances de la aplicación de la ley en las distintas jurisdicciones y la situación real del sistema educativo en todo el país.

En el análisis del proyecto impulsado por Avelín se menciona que a más de 10 años de sancionada la ley son "preocupantes sus resultados: la anarquía del sistema, la expulsión, el desgranamiento de la matrícula, la baja en la calidad educativa, el aumento de la repitencia, la frustración de los alumnos por el bajo rendimiento para ingresar al nivel superior universitario".

Se advierte que el sistema educativo actual presenta diferentes problemáticas en cada provincia, ya que la aplicación de la ley fue diferente en cada una de ellas y porque "además impactaron en ellas la transferencia de las escuelas nacionales y el Pacto Federal Educativo".

Se recuerda, al respecto, que "mientras algunas provincias han completado totalmente la estructura (EGB y polimodal), otras están en pleno proceso de implementación y otras decidieron la no implementación, provocando grandes asimetrías, inequidades y fragmentaciones que afectan a la educación concebida como política de Estado".

De esta manera, se apuntan como las cuestiones más críticas y que reúnen los mayores cuestionamientos a los siguientes puntos, entre otros: "La aplicación e implementación de la ley federal no permite ver la educación como estrategia de desarrollo"; tampoco "existió planeamiento previo a su sanción que haya analizado los requerimientos de inversión que suponía su implementación".

Por otra parte, se indica que "la política curricular de carácter documental no engendró una transformación de las prácticas docentes, proceso que requiere una profunda revisión"; en tanto que "se produjo la desaparición de las escuelas técnicas, convertidas en meros polimodales con Trayectos Técnicos Profesionales".

"La ley -se advierte- previó un cambio estructural asociado a garantizar la extensión de la obligatoriedad escolar de diez años. Las condiciones de las jurisdicciones hicieron que se adoptaran distintas formas de implementación de acuerdo al problema edilicio que significaba la contención de matrícula y a la decisión política de secundarizar o primarizar el trayecto. El resultado es en la actualidad una EGB 3 con características disímiles en cada jurisdicción".

"Es evidente -señala el proyecto- que esta reforma educativa no pudo elevar la política educativa al rango de política de Estado", y que en todo caso, a diez años de su sanción, "se reconocen continuidades y rupturas en los procesos de transformación de la formación docente".