La reforma llegó a la Legislatura

La mayor novedad del proyecto enviado por Obeid refiere a la creación de formas de democracia semidirecta

Carlos Roberto Morán / La Capital

Jorge Obeid concretó ayer una de sus principales promesas electorales al remitir a la Cámara de Diputados el proyecto sobre reforma constitucional que hace eje en la autonomía municipal para todos los municipios de la provincia. Esto se interpreta como una respuesta política que desde el Ejecutivo se da a la propuesta de Miguel Lifschitz de convocar a un plebiscito en Rosario para abordar esta cuestión. La mayor novedad del proyecto refiere a la creación de formas de democracia semidirecta.

La Capital anticipó en su edición del domingo pasado el contenido de la iniciativa, destacándose que la reforma a la Carta Magna provincial será parcial, por lo que la asamblea constituyente no podrá declararse soberana y avanzar sobre la totalidad de la Constitución. El gobierno de Obeid interpretó que si no se establecieran tales limitaciones la asamblea podría llegar a ser incontenible.

En relación a la autonomía municipal, en el proyecto se aclara que la primigenia idea de instituirla a través de leyes implicaría hacerlo con debilidades y riesgos, lo que se supera con el rango constitucional. Se propicia que la autonomía lo sea en el orden político, institucional, económico y financiero, contemplando la potestad de todas las municipalidades a sancionar sus propias cartas orgánicas.

Se propicia que el electorado pueda presentar proyectos en la Cámara de Diputados con el respaldo de no menos del uno y medio por ciento del padrón electoral. Sobre esta cuestión la Legislatura deberá expedirse en el término de doce meses. También se promueve que la Legislatura pueda consultar al electorado mediante referéndum obligatorio y vinculante sobre normas de carácter general.

En los casos en que la Legislatura no hubiese tratado un proyecto de ley presentado por el 15% del electorado, el Ejecutivo deberá convocar a un referéndum obligatorio y vinculante. Tanto las Cámaras como la Casa Gris estarán facultadas para llamar a consulta popular no vinculante sobre decisiones de respectivas competencias. En este caso el sufragio no será obligatorio.

Por otra parte, se propicia la reelección por un solo período consecutivo del gobernador y vice. El proyecto aclara que promueve el dictado de una disposición transitoria por la que se aclarará que la norma no alcanzará al gobernador Obeid y a la vicegobernadora María Eugenia Bielsa. De esta forma el mandatario provincial cumple con otras de sus promesas de campaña: había aclarado que se autoexcluiría del beneficio.

La Legislatura comenzará a tratar la iniciativa en mayo, cuando comience el período ordinario de sesiones. La Cámara baja le dará ingreso el jueves venidero para que tome estado parlamentario y luego será girada a comisiones. Diputados y senadores provinciales aguardarán conocer los resultados de la ronda de consultas que en torno al tema convocará en breve el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa.

El PJ no descarta la posibilidad de que se articulen coincidencias con la oposición para aprobar la iniciativa en la Cámara baja, dado que en Senadores cuenta con quórum propio.

El proyecto establece que los constituyentes serán electos en los comicios de septiembre u octubre del año próximo y la distribución de bancas se hará por el sistema proporcional (D'Hont) y no a través de la ley de lemas. La asamblea constituyente deliberará en los últimos meses del 2005 en la capital provincial dentro de los treinta días de proclamados los convencionales y tendrá un plazo de sesenta días corridos para concluir sus tareas.

Los convencionales tendrán los derechos, prerrogativas e inmunidades propias de los diputados provinciales, pero no percibirán remuneración alguna por sus tareas.

El proyecto contempla que el gobernador y el vice, o quienes los reemplacen, podrán ser sometidos a juicio político, además de otros altos funcionarios (ver aparte).

Tanto el Consejo de la Magistratura, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Defensoría del Pueblo están propuestos para ser incorporados como institutos de la Constitución provincial.

El Consejo de la Magistratura estará integrado por el presidente de la Corte, un representante de los magistrados, otro de los abogados de la matrícula provincial, un tercero del Poder Ejecutivo y un representante designado por elección popular.

El Consejo tendrá como funciones seleccionar a los magistrados inferiores -incluyendo los jueces de paz- para elevar una terna vinculante al Poder Ejecutivo.

El integrante del Consejo representante de la ciudadanía durará cuatro años en sus funciones y lo podrán nominar los partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.

En cuanto a la Defensoría del Pueblo, por el proyecto se la caracteriza como un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera "que no recibe instrucciones de ninguna autoridad", siendo su misión la defensa de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos, tutelados por las constituciones nacional y provincial.

La Fiscalía Provincial de Investigaciones Administrativas será ocupada por el funcionario que designe la Legislatura a propuesta del Ejecutivo y durará en el cargo cinco años. El fiscal tendrá como misión investigar la conducta administrativa de los agentes y funcionarios de la administración pública provincial centralizada y descentralizada, sociedades, empresas y cualquier otro ente en las que el Estado tenga participación.

Las autoridades que ejerzan el gobierno de las comunas durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y no dos, como es hasta ahora.

Obeid cumplió su promesa de campaña.