[Análisis]

El orden de los cementerios

La dictadura militar desencadenó una brutal ofensiva contra la sociedad rosarina a partir de 1976. La cultura y los jóvenes fueron dos de sus principales objetivos

Gabriela Aguila

Para los militares que asaltaron el poder en marzo de 1976 la puesta en marcha de un proyecto de transformación integral como el que postulaban requería, en primer lugar, del restablecimiento del orden. Esgrimiendo como objetivo central la derrota de la "subversión" -un rótulo utilizado para agrupar a todos los que eran caracterizados como enemigos del sistema- y situándose como la encarnación de la esencia nacional cuya misión era curar a una sociedad en peligro de disgregación, las Fuerzas Armadas desplegaron una compleja maquinaria represiva presentándola en el marco de un combate de carácter estrictamente bélico: la intervención militar en la "guerra" contra la "subversión" se erigió a la vez en el objetivo supremo y en uno de los principales argumentos de legitimación del régimen. Y si bien los que sufrieron la represión fueron, en primer lugar, los sectores fuertemente movilizados en el período previo a marzo de 1976, el terror estatal se diseminó sobre el conjunto de la sociedad con pretensiones ejemplificadoras y las calles, las escuelas y universidades, los sindicatos y los espacios de la vida privada de los ciudadanos se convirtieron en los "campos de batalla" de esta contienda.

En marzo de 1976 hacía ya trece años que la Liga de la Decencia actuaba en Rosario. Esta organización, ligada a los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica local, se convertiría en el arquetipo de la cruzada moralizadora que se desenvolvió al calor de la nueva situación creada por el golpe de Estado. A los pocos meses se inició en la ciudad una campaña de "saneamiento de las costumbres" en lugares nocturnos impulsada por el gobierno provincial y municipal y llevada adelante por las fuerzas de la policía comandada por Agustín Feced, que recibió el caluroso apoyo de los llamados "sectores representativos" de la comunidad y se convirtió en el complemento necesario del accionar represivo y en la cara visible del terror estatal.

A la brutal acción de los grupos de tareas con su secuela de muertos y desaparecidos -mayoritariamente jóvenes- se sumó una sistemática ofensiva sobre la sociedad rosarina y en particular sobre los jóvenes, que incluyó razzias nocturnas cada fin de semana y una amplia gama de acciones de la sección policial Moralidad Pública, que dirigía su largo brazo represor no sólo contra las infracciones a la ley de profilaxis o los juegos de azar, sino asimismo hacia las manifestaciones públicas o clandestinas de afecto -y que alcanzaba tanto a los eventuales visitantes de "Villa Cariño" en el Parque Urquiza como a las jóvenes parejas que se besaban en las plazas-. Esta embestida instrumentada desde diversos frentes logró, sobre todo, modificar la vida cotidiana de los adolescentes y jóvenes de la ciudad, ejemplificada en las estrictas normas de vestimenta y cortes de pelo para los alumnos de las escuelas públicas, la satanización de la noche, la prohibición de circular sin documentos de identidad y la restricción de espacios de sociabilidad en el ámbito urbano.

Para el conjunto de la sociedad la dictadura fue un período de proscripciones y restricciones. Los feroces custodios de la seguridad interior, la moral y las buenas costumbres impusieron sobre una sociedad menor de edad una larga lista de prohibiciones que incluían libros y revistas, filmes, obras de teatro, artistas y músicos, que muchas veces rozaban el absurdo, cercenando las posibilidades de expresión y de creación individual y colectiva, así como el derecho a gozar libremente de ellas. Así, el filme de Bernardo Bertolucci "Ultimo tango en París", la cantante Mercedes Sosa, la revista Mad y hasta el tango Cambalache de Enrique Santos Discépolo, alternaban en las nóminas de los interdictos con Louis Althusser, "El Capital" de Carlos Marx, expresiones emblemáticas del rock inglés como "Cocaine" o "The Wall" y el libro "El Principito" de Saint-Exupery.

La censura en los medios de comunicación y en relación con la difusión de ciertas expresiones artísticas y culturales se mantuvo durante todo el período, acompañada por la promulgación, en noviembre de 1981, de una ordenanza sobre Espectáculos Públicos, en donde se establecía que cuando la Municipalidad u otros organismos, instituciones o personas consideraran necesaria la revisión de las autorizaciones para exhibiciones cinematográficas o teatrales, deberían solicitar que se expidiera la Comisión Municipal Calificadora de Espectáculos Públicos e Impresos Literarios. Esta Comisión de censores, constituida por un presidente designado por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad y representantes, entre otros, de la Liga de Madres de Familia y la Liga de la Decencia, se ocupó en distintos momentos de recalificar y prohibir películas que, incluso, habían sido autorizadas a nivel nacional.

El sistema educativo se erigió en otro de los ámbitos señalados por las autoridades militares para restaurar el orden y disciplinar a la sociedad, traduciéndose en la persecución y las desapariciones de docentes y estudiantes, el control de los contenidos de la enseñanza, la imposición de rígidas medidas disciplinarias para los alumnos y la erradicación de las actividades políticas de escuelas y universidades. Sin embargo, la reformulación educativa implementada desde la cartera nacional por el ministro santafesino Ricardo Bruera tenía objetivos más ambiciosos, y la reforma de planes de estudio fue el medio a través del cual la dictadura se propuso internalizar en los niños y jóvenes un conjunto de valores y dogmas tradicionales, representados en el trípode Dios-Patria-Hogar, que permeó el conjunto de la educación.

En este sentido, uno de los aspectos paradigmáticos fue la introducción de los cursos obligatorios de Formación Moral y Cívica en las escuelas secundarias, a lo que se sumó la imposición de una visión reaccionaria de la historia, la uniformización de los contenidos, un marcado sesgo antirracional y anticientífico, o la eliminación de la educación primaria de los aspectos "subversivos" que introducía la matemática moderna. Por su parte, el 24 de marzo de 1976 -y al igual que en todo el país- se suspendieron las actividades académicas y se hizo cargo del Rectorado de la Universidad de Rosario un militar, el Coronel Joaquín Sánchez Matorras. El reordenamiento de la educación superior, considerada el reducto de los denominados "ideólogos de la subversión", comenzó inmediatamente a partir del golpe de Estado, con la derogación de la ley universitaria del gobierno peronista y la promulgación en abril de una legislación "de emergencia".

Y aunque la Universidad fue tratada con mano dura desde este primer momento, las reformas más profundas recién se iniciaron con la asunción del bioquímico Humberto Riccomi como rector en agosto de ese año. Dueño de los destinos de la UNR hasta 1983, ostentó el "récord" de permanencia en la función pública durante la dictadura, en tanto fue el único funcionario del gobierno militar en la ciudad que se desempeñó continuamente a lo largo del período 1976/1983. Desde el momento mismo de su asunción, Riccomi se situó como un hombre del Proceso, enmarcando su acción dentro de los objetivos y pautas del Acta Institucional del 24 de marzo de 1976, y este perfil declaradamente antidemocrático signó todo su desempeño al frente de la Universidad local, complementado con un discurso que insistía en la eficacia administrativa y la elevación del nivel académico, así como una reiterada pretensión de refundación de la UNR, que sólo alcanzó a ser definida en términos de reestructuración edilicia (anunciada hacia fines de 1978, será recién en diciembre de 1980 cuando se dé a conocer el proyecto final que contemplaba la creación del Centro Universitario Rosario en la "Siberia" y la reformulación del Area Salud y de las instalaciones de la Universidad en Casilda).

Desde 1976 se puso en marcha una reestructuración que implicó el cierre de carreras como Antropología, Bibliotecología y Servicio Social y la suspensión de la inscripción durante algunos años en Psicología o Periodismo, el desmantelamiento del sistema hospitalario de la Universidad (con la transferencia a la provincia de los Hospitales Centenario y Baigorria), así como ciertos intentos de reordenamiento académico que apuntaban a la desjerarquización de algunas carreras (como sucedió con Psicología o Ciencia Política). Asimismo y hacia 1977 se estableció un cupo de ingreso que se fijó en 3500 alumnos y fue disminuyendo hasta un tope que no excedió los 2900 ingresantes por año, sin considerar el número de inscriptos que variaba cada año y superaba el cupo en varios miles. Los exámenes de ingreso crearon la necesidad de prepararse para aprobarlos y Rosario se vio inundada de institutos y profesores particulares que "garantizaban" el cada vez más difícil ingreso a la Universidad.

En abril de 1980 el gobierno militar promulgó la nueva legislación por la cual se pretendía normalizar definitivamente la situación de las Universidades. La ley nº 22.207 establecía, entre otras disposiciones, que los rectores serían designados por el Poder Ejecutivo Nacional, estipulaba que las universidades debían darse sus estatutos internos, la creación de consejos de cogestión universitaria sin participación estudiantil y la realización de los concursos docentes. Finalmente, hacia fines de ese año y tras reiterados anuncios en tal sentido, se impuso el arancelamiento de los estudios universitarios.

Los años de la dictadura fueron los de la imposición, a través de la intimidación y el terror, del "orden de los cementerios" en el ámbito universitario, profundizando el proceso de crisis y decadencia que se había abierto desde 1966, en el marco de la anterior dictadura militar. El funcionamiento de la Universidad pública se transformó profundamente entre 1976 y 1983, denotado por las purgas en el cuerpo docente y estudiantil, la desaparición de personas y la instauración de la sospecha y la delación dentro de los claustros, la ausencia completa de libertad de cátedra y de autonomía universitaria, el oscurantismo, la drástica caída del nivel académico y la producción científica, las innumerables restricciones impuestas a los estudiantes y el clima represivo imperante en todas las casas de altos estudios, que sólo comenzará a modificarse a partir de la coyuntura abierta hacia mediados de 1982 con el fin de la guerra de Malvinas, acompañando la acelerada desintegración del régimen militar.

Gabriela Aguila es historiadora. Dirige la Escuela de Historia de la UNR