El expediente por las órdenes vuelve a Rosario

El juez correccional de Santa Fe Roberto Reyes se excusó de seguir interviniendo en la causa donde se investigan las responsabilidades políticas de la represión de diciembre de 2001 y dispuso enviar el expediente a la Justicia Correccional de Rosario, para que prosiga la causa.

"Al rechazar la constitución de los familiares de las víctimas como actores civiles, el juez ordenó a la vez sacar del expediente y enviarlas al Juzgado Correccional número 2 de Rosario, que estuvo de turno durante los días en cuestión y a quien según dijo le corresponde investigar", informó Lilian Echegoy, de la Comisión Investigadora No Gubernamental de los hechos de diciembre de 2001.

En procura de aportar documentación respecto de cómo se produjo la represión, la Comisión Gubernamental presentó ante el juez Reyes una copia del Reglamento orgánico de las unidades regionales (Rour), que rige el funcionamiento de la policía.

Entre otras disposiciones de ese reglamento, la Comisión destacó el artículo 7, que establece que "el comando se ejercerá siguiendo una cadena de mandos" a través de la cual "se canalizarán las órdenes, haciéndose cada jefe responsable del cumplimiento de las mismas".

"En ningún momento los jueces investigaron las órdenes. Desde el principio hubo una estrategia para no investigar ni las responsabilidades políticas ni las órdenes, porque la cadena de mando llega hasta los jefes de la Unidad Regional, que en virtud de lo que dispone el Reglamento de la policía debió estar al tanto de la represión", dijo Echegoy. El entonces jefe de la Unidad Regional II, Jorge Populín, afirmó que no había recibido órdenes especiales y que tampoco las impartió para reprimir el alzamiento de diciembre de 2001.

"La policía no funciona sin órdenes y sin dejar documentación. Pero ninguno de los jueces se preocupó por obtener esa documentación que creemos debe existir", se lamentó Echegoy.

Por otra parte, la Comisión Investigadora No Gubernamental envió cartas a la senadora nacional Roxana Latorre y al diputado nacional Angel Baltuzzi invitándolos a declarar a propósito de los hechos y las órdenes impartidas en diciembre de 2001, a raíz de declaraciones periodísticas que hicieron al respecto.