Un adiós amargo para Aznar como gobernante

Su gestión estuvo marcada por un gran logro en materia económica y un polémico alineamiento con EEUU

Jorge Vogelsanger

Madrid. - No podía terminar de forma más amarga la era de José María Aznar como presidente del Gobierno español. Tampoco cabe duda de que los sangrientos atentados del 11 de marzo en Madrid fueron el capítulo más duro que le ha tocado vivir en sus ocho años de mandato.

En su etapa al frente del Ejecutivo, uno de sus mayores logros lo había cosechado precisamente en la lucha contra el terrorismo, especialmente el de ETA, pero éste es un mérito que en las actuales circunstancias difícilmente se puede celebrar, al margen de que hayan sido terroristas etarras o islamistas los autores de la masacre.

En la lucha antiterrorista, éxitos militares e iniciativas judiciales como la ilegalización del partido radical vasco Batasuna (Unidad) pusieron contra las cuerdas al grupo armado ETA, que en 2003 había asesinado a tres personas, la cifra más baja -exceptuando el período de tregua entre 1998 y 1999- desde la década de los 70. De hecho, durante el gobierno de Aznar fueron detenidos en España y Francia más de 1.100 miembros de ETA, cuya cúpula fue desarticulada en varias ocasiones. Esto hizo declarar a responsables de la lucha antiterrorista que la organización realmente podía ser vencida militarmente.

Mirando atrás, la gestión de este ex inspector de hacienda de 51 años estuvo marcada además por grandes logros en materia económica, un polémico giro hacia EEUU y la confrontación con nacionalistas y oposición.

El balance de Aznar, que en 1996 consiguió que la derecha volviera al poder por primera vez en el país desde el final de la dictadura franquista (1939-1975), ha de ser dividido en dos etapas claramente diferenciadas: el cuatrienio 1996-2000, en que se vio obligado a pactar para poder gobernar, y el cuatrienio 2000-2004, en el que la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) hizo que la moderación diera paso a una forma de ejercer el poder calificada de autoritaria y arrogante tanto por la oposición como por sus antiguos socios.


Logros económicos
El mayor éxito corresponde seguramente al plano económico. En los ocho años de gobierno del Partido Popular (PP), la economía española -mejorada también por la incorporación del euro- creció en promedio 1,2 punto más que en el resto de los países de la Unión Europea (UE).

En el mismo período fueron creados 4,2 millones de puestos de trabajo, con lo que la tasa de desempleo se redujo de un 20 a un 11%, si bien ésta sigue siendo una de las más altas de la UE. En 2003, España logró -y eso es una excepción a escala comunitaria- un superávit público de 2.600 millones de euros (unos 3.200 millones de dólares) y registró un crecimiento del 2,4%. Este auge, advierten sin embargo los economistas, está basado en gran parte en el ladrillo, es decir, en el sector de la construcción, debido a la enorme demanda de viviendas de propiedad, y en el consumo privado, mientras que la productividad es muy escasa y el balance comercial es deficitario.

La otra cara de la moneda consiste, además, en una inflación muy elevada en comparación con el resto de la UE (2,6%) y un altísimo endeudamiento de las familias, sobre todo por la hipotecas inmobiliarias.


"Aznarato" versus autonomía
Si la primera legislatura de Aznar transcurrió más bien de forma tranquila, la segunda, ya con una cómoda mayoría absoluta, fue todo lo contrario. En este período surgió el término del "Aznarato" para definir una etapa en la que el jefe de gobierno impuso su política con mano dura y en la que su partido sufrió un aislamiento inédito frente a las otras fuerzas políticas.

En uno de los temas más peliagudos de la política española como lo son las reivindicaciones autonomistas o soberanistas de los nacionalistas vascos, catalanes y -en menor medida- gallegos, la confrontación fue mayúscula. En el caso del País Vasco, el detonante fue el plan del gobierno autónomo de Juan José Ibarretxe para convertir a esta región en una comunidad libre asociada a España con poderes de Estado propio, el cual también es rechazado por la oposición socialista.

Pero el gobierno central también fue tajante al rechazar cualquier aspiración de reformar el estatuto de autonomía de Cataluña -algo que los allí gobernantes socialistas sí apoyan- y en general de debatir sobre el modelo territorial del país o sobre cambios constitucionales que todos los demás partidos coinciden en reclamar, como el de convertir al Senado en una auténtica Cámara territorial.

El gobierno tampoco dudó en hacer uso de su facultad de mandar en solitario para sacar adelante toda una serie de medidas sin buscar el consenso, ya sea una reforma laboral -denominada "el decretazo" y que una huelga general le obligó después a retirar- o una polémica ley de enseñanza que convirtió a la religión en materia puntuable.

Pero los dos capítulos que mayor "bronca" provocaron fueron el desastre ecológico por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia en noviembre de 2002, de la que amplios sectores culparon al gobierno por una deficiente gestión de la crisis y, sobre todo, el apoyo del Ejecutivo de Aznar a la guerra de Irak. Esta intervención militar, rechazada por un 90% de la población y por todas las demás fuerzas políticas, generó multitudinarias manifestaciones contra el gobierno y aisló todavía más al PP.

Pero este apoyo también supuso un giro estratégico en la política exterior de España. En detrimento de los tradicionales socios europeos -los roces fueron especialmente significativos con la vecina Francia y con Alemania-, Madrid se orientó hacia EEUU, dando prioridad a las relaciones transatlánticas.

Los argumentos de Aznar, quien alegó que había que sacar a España "del rincón de los países que no cuentan" y convertirla en un actor de primera línea en la política internacional, además de potenciar la lucha contra el terrorismo -también el de ETA-, no terminaron de convencer, pero tampoco costaron votos al PP en las elecciones municipales y regionales de mayo pasado.

En algo, sin embargo, coinciden incluso sus críticos: el haber cumplido su tempranera promesa de dejar el cargo tras dos legislaturas, pese a que hubiese tenido buenas probabilidades de ser elegido nuevamente, ha sentado un precedente de regeneración democrática importante que sus sucesores difícilmente podrán ignorar. (DPA)

Aznar cumplió su promesa de dejar el cargo tras dos legislaturas.