Ya no se descarta la intervención a Santiago

La Casa Rosada sigue con atención las últimas movidas del juarismo, pero se espera una "salida alternativa"

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó ayer que el gobierno nacional sigue "con mucha atención" la crisis político-institucional que se vive en la provincia de Santiago del Estero, pero señaló que "antes de recurrir a medios de excepción" como una intervención federal, confía en que la provincia encuentre "una salida alternativa".

"Estamos prestando mucha atención a este tema", señaló el funcionario al ser consultado sobre cómo ve el caso de esa provincia, sacudida por sucesivos escándalos políticos y causas por violaciones a los derechos humanos en contra del matrimonio Juárez, que gobierna desde hace más de 20 años.

Fernández no descartó la posibilidad de que en "última instancia" se decida desde el poder central una intervención federal a la provincia. Sin embargo, aclaró que desde el gobierno nacional "en realidad somos de aquellos que piensan que los remedios institucionales de excepción son esencialmente eso, medios de excepción, y hay que recurrir a ellos en última instancia".

Fernández insistió en afirmar una y otra vez que "antes que recurrir a ellos hay que buscar salidas alternativas", y precisó: "Las salidas y las alternativas deben ser buscadas en el ámbito de la provincia".

"Nosotros confiamos en que Santiago del Estero encuentre esta salida, encuentre una alternativa", señaló.

Fernández expresó de esta manera la posición del gobierno nacional a los pedidos de intervención federal que surgieron desde sectores de la oposición y de la sociedad civil santiagueña que el viernes protagonizó otra marcha del silencio en reclamo del esclarecimiento de los crímenes de las jóvenes Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba, que sacudieron las estructuras del poder santiagueño.

En medio de una serie de denuncias por violaciones a los derechos humanos contra el ex gobernador Carlos Tata Juárez, y un frustrado pedido de juicio político contra su esposa, la gobernadora Mercedes Nina Aragonés, ésta designó anteayer a su esposo como ministro de Economía, cargo que le otorga fueros que dificultarían cualquier citación de la Justicia.

Juárez, de 83 años, asumió en la misma noche del viernes, sin acto ni declaraciones, al frente del Ministerio de Economía provincial, cargo del que fue desplazado Pedro Martínez.

La sorpresiva medida se conoció en momentos en que el juez federal Angel Jesús Toledo analizaba citar a Juárez por una causa en la que se investiga la desaparición de un concejal opositor de la localidad de Clodomira, ocurrida a fines de 1975, cuando éste era gobernador.

Juárez se desempeñaba hasta anteayer como asesor de los poderes Legislativo y Ejecutivo y, de ahora en más, gozará de inmunidades que le impedirán al juez obligarlo a presentarse ante la Justicia.

Esto es así porque la Constitución santiagueña, en su artículo 167, fija que "el gobernador y el vicegobernador, los ministros del Poder Ejecutivo, miembros del Superior Tribunal de Justicia, el fiscal del Superior Tribunal de Justicia, el fiscal de Estado y los miembros del Tribunal de Cuentas sólo serán removibles por juicio político por causas de mal desempeño de sus funciones, faltas graves o delitos comunes".

De todos modos, a los ojos de la Nación la situación institucional de la provincia "ha empeorado", según lo reiteró anteayer antes de volver a Buenos Aires el secretario de Justicia nacional, Pablo Lanusse.


Debut y juicio político
A menos de 24 horas de haber asumido como ministro, Juárez deberá afrontar un pedido de juicio político por una denuncia penal que le adjudicó supuestas maniobras millonarias en su quinta gestión al frente del Ejecutivo provincial.

A través de un escrito presentado por el abogado César Barrojo, que patrocina a Diego Rodríguez -denunciante también de la gobernadora Aragonés por el cobro irregular de una jubilación- se solicitó juicio político a Juárez por supuestas maniobras millonarias durante su quinta gestión al frente del gobierno.

Juárez fue denunciado por la supuesta derivación de fondos en favor de un proyecto de la empresa Dinar Líneas Aéreas, por un monto total de 55 millones de pesos, para establecer un puente aéreo entre la provincia y Buenos Aires, que nunca se concretó.