Venezuela en crisis. La invalidación de 1,4 millón de firmas desató el conflicto

La puja por la consulta, en su punto límite

El ente electoral sesionó ayer sin dos de sus cinco directores, que se opusieron a la polémica medida

Caracas. - El núcleo del conflicto político en Venezuela se da alrededor de la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Encargado de supervisar la validez de los 3,6 millones de firmas presentados por la oposición para que se habilite el referendo revocatorio del mandato del presidente Chávez, el CNE tuvo una conducta ambigua hasta que esta semana pasó "a revisión" 1,4 millón de esas firmas, lo que pone en duda la realización de la consulta. Lo que agregó dudas a la imparcialidad del organismo es que se negó a entregar muestras de esas firmas objetadas a los enviados de la OEA y el Centro Carter, organismos que, desde el acuerdo alcanzado en mayo pasado, tienen parte, como contralores externos, en todo el proceso.

u El CNE decidió la noche del martes pasado que alrededor de 1,4 millón de firmas pasadas a "observación" deberán ser repetidas, para lo cual llamará a los electores a firmar de nuevo en un lapso de cinco días. La decisión fue adoptada con una votación de 3-2, en la que los directivos Ezequiel Zamora y Sobella Mejías votaron en contra con el argumento de que se estaban violando las leyes y la voluntad popular.


Ayer, esos dos integrantes de la cúpula del CNE no acudieron a las reuniones diarias del directorio. El rector del CNE, Oscar Battaglini, confirmó que Zamora y Mejías no asistieron al organismo comicial, pero rechazó las versiones que señalan una "crisis institucional". "Yo no veo ninguna crisis, lo que veo son diferencias que se han expresado públicamente", comentó.
No a la OEA

Asimismo, rechazó las propuestas realizadas por los observadores internacionales -la Organización de Estados Americano (OEA) y el Centro Carter- sobre revisar las planillas de firmas objetadas a través de una muestra aleatoria. Para Battaglini, "ningún observador puede hacer propuestas" ya que "en ningún país los observadores pueden hacer propuestas o sugerencias". Pero el jefe de la misión de la OEA en Venezuela, Fernando Jaramillo, explicó que este tipo de verificación se ha efectuado en muchos procesos electorales, entre ellos en Ecuador en la década pasada.

u El gobierno denuncia que la oposición "puso en marcha un nuevo intento golpista" al "desconocer" la autoridad del árbitro electoral y anunciar marchas de protesta. El máximo líder de la alianza opositora Coordinadora Democrática (CD), Enrique Mendoza, dijo que desconocerá a la directiva del CNE y que llamaría a manifestaciones para protestar contra la decisión que calificó como un "fraude". La marcha de ayer fue el resultado de esta decisión de la conducción opositora.


Sin embargo, algunos exponentes de la CD informaron que se estudiará la posibilidad de estudiará si llama a los electores cuestionados a firmar de nuevo. "Tenemos que esperar cuál será la norma para reparar las firmas. Ahora estamos protestando esta decisión del CNE", señaló Mendoza.
El dirigente añadió que apoyará una propuesta de la misión de la OEA para hacer una verificación de las firmas cuestionadas con un muestra aleatoria, algo que ayer rechazó el titular del CNE.

u Otro director del CNE, Jorge Rodríguez, explicó que en el órgano electoral "hay una duda razonable" porque en las 148.000 planillas de firmas cuestionadas se detectó que los datos personales del elector no fueron escritos por la misma persona, a pesar que las normas del CNE especificaban que debía ser así. "No estamos anulando estas firmas, estamos diciendo que tenemos que separar a aquellos ciudadanos que acudieron al centro de recolecciones y que fueron asistidos, a pesar de contravenir las normas del CNE. Pero no vamos a sucumbir al chantaje de que tenemos que validar todo porque sí", señaló.


A su vez, el vicepresidente José Vicente Rangel, acusa a la oposición de promover un intento para sacar a Chávez del poder, al desconocer el órgano electoral, como un paso previo para "lanzar otra vez una aventura golpista y terrorista" y agregó que la decisión del CNE -que favorece claramente a su gobierno- es "impecable desde el punto de vista jurídico" y procesal. Asimismo Rangel solicitó a los observadores de la OEA y al Centro Carter que se pronuncien sobre el desconocimiento del CNE por parte de la oposición.
19 de agosto, fecha límite

La oposición presentó 3,4 millones de firmas para solicitar el referéndum y las leyes exigen un mínimo de 2,4 millones. Pero una postergación sería clave para el poder chavista: si el referendo se hace luego del 19 de agosto, aún cuando lo pierda Chávez, este deberá renunciar, pero no así su gobierno. El vicepresidente Rangel tomaría el puesto de primer mandatario y seguiría hasta el fin del período, en 2006. Como es sabido, Rangel es una figura sin peso propio, y por lo tanto gobernaría en nombre y bajo las órdenes de Chávez, que así retendría el poder real pese a haber perdido el referendo. Además, en caso de hacerse el referendo antes de esa fecha, siempre cabe la posibilidad de que Chávez se presente a las elecciones presidenciales que se convocarán, según interpretan algunos analistas.

Los opositores armaron barricadas para resistir el avance de los militares.