El peronismo presionará para que Diputados trate la ley rápidamente

El Senado aprobó con pocos cambios el nuevo proyecto de reforma laboral

La Cámara alta actuó en sintonía con el gobierno nacional. El único que votó en contra fue Rubén Giustiniani

Tras siete hora de debate, el Senado nacional dio ayer media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno, que apunta a reemplazar la ley 25.250, sospechada de haber sido sancionada mediante el pago de sobornos durante la gestión del radical Fernando de la Rúa.

Con el respaldo de la mayoría justicialista, disidencias parciales por parte del radicalismo y de algunas bancadas provinciales, y la sola negativa por parte del socialista Rubén Giustiniani -quien propuso la anulación de la norma anterior y no su derogación como dice el texto- el proyecto se aprobó en general por 64 votos favorables contra 1. Siete legisladores estuvieron ausentes.

En cuanto al debate en particular, el oficialismo consiguió sacar el texto casi tal cual el dictamen de la comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara alta, con una sola modificación del inciso 6 del artículo 2 referido a garantizar el derecho del trabajador a recibir prestaciones por accidente o enfermedad durante el período de prueba.

El proyecto del gobierno había recibido en la comisión otros dos cambios. Uno limitó las facultades de la Nación en cuanto al poder de policía de trabajo al incorporar la obligatoriedad de que se informe a las provincias ante cualquier inspección. El otro cambio consistió en que, en caso de que el gobierno decida prorrogar el beneficio de reducción de aportes patronales para las pymes, deba avisar al Congreso.

En el recinto, el presidente de la comisión de Trabajo y Previsión, Carlos Prades (UCR), admitió que la anterior ley laboral "fue el comienzo de la profunda crisis institucional" que terminó con el gobierno de la Alianza.

Destacó, además, que el contenido del proyecto del PEN se analizó en comisión en "un marco de transparencia" y aseguró que si bien "no estamos poniendo el principio de sospecha sobre el principio de inocencia establecido en la Constitución", se procura dar "una respuesta desde la ética derogando una ley fuertemente cuestionada por la sociedad".

En tanto, la senadora Cristina Fernández de Kirchner recordó su oposición en el 2000 al proyecto que derivó en la llamada "ley Banelco" y sostuvo que "la derogación de la 25.250 es una deuda que tienen las instituciones y los partidos políticos consigo mismos y con la reconstrucción de la democracia".

El justicialista Julio Miranda, vicepresidente de la comisión, sostuvo que la iniciativa "se inscribe en una política de Estado encaminada a ser un proyecto económico equitativo" que "apunta y apuesta a la consolidación del escenario laboral sostenido".

El radicalismo acompañó el proyecto en la votación en general, por considerar que la derogación de la ley ahora vigente es necesaria "por un problema de legitimación, la legitimidad la está investigando otro poder del Estado", dijo el mendocino Ernesto Sanz.

El senador sostuvo que en el bloque "hubiéramos deseado incluir en la derogación también la ley que ampara los contratos basura y las pasantías" y dijo que "el esquema central que plantea el proyecto tiene un contenido de escasa democracia sindical y participación federal".

En cambio, el socialista Giustiniani, el único que votó en contra de la norma, consideró que "la Cámara de Senadores no puede juzgar sino legislar y, precisamente, por ello es que lo correcto hubiese sido votar por la nulidad" de la norma.

Ahora la ley será tratada en Diputados, y en ese sentido el justicialismo presionará para tratar en las próximas horas para que salga del período de extraordinarias, aunque desde el radicalismo se consignó que no le darán los dos tercios necesarios, por lo cual podría salir después del 1 de marzo cuando se inicie el período de sesiones ordinarias.

Con esta sanción el Senado, que ayer estrenó el sistema eléctrico de votación, busca limpiar su imagen tras el escándalo que lo salpicó tras la denuncias de sobornos y que volvió en los últimos meses luego de la declaración del arrepentido Mario Pontaquarto.

En ese sentido, el jefe del bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto, destacó la labor de la comisión y afirmó que "había que emitir una señal a la sociedad" tras el escándalo de la cuestionada reforma laboral.


Puntos salientes
Estos son los puntos centrales del proyecto que deroga la ley 25.250 y modifica aspectos de la ley laboral:

u Período de prueba: se reduce de 180 a 90 días. En ese lapso el trabajador puede ser despedido sin indemnización pero con un preaviso de 15 días.

u Preaviso: se fija en uno o dos meses para los que tienen menos de anticipación cuando el trabajador posea una antigüedad inferior o superior a cinco años.

u Indemnización: en los despidos sin causa la indemnización será de un sueldo por año o fracción mayor de 3 meses. La indemnización tiene un piso de un sueldo.

u Contribuciones patronales: se reducen durante un año -prorrogable- un 33,39 por ciento los nuevos empleos para las empresas de menos de 80 trabajadores. El beneficio aumenta al 50 por ciento cuando el contratado sea un beneficiario del plan Jefes y Jefas de Hogar. En caso de prórroga el PEN deberá informar anualmente al Senado sobre ello.

u Convenios: podrán ser nacionales, regionales o locales, de actividad, intersectoriales, ramas, según los acuerdos entre las partes. Tiene preeminencia el más beneficioso para el trabajador.

u Ultraactividad: se restablece el concepto. Los convenios siguen ultraactivos hasta que se negocien los nuevos.

u Crisis y mediación: por acuerdo de las partes, una empresa bajo procedimiento preventivo de crisis puede ser excluida temporariamente del convenio. Sigue vigente la mediación, conciliación y arbitraje en caso de diferencias entre las partes.

u Servicios esenciales: se mantiene la reglamentación del derecho de huelga en cuanto al mantenimiento de los servicios mínimos esenciales de agua, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo. La exigencia puede ser más abarcativa si el conflicto se extiende.

u Inspección de trabajo: se crea un sistema de inspección coordinado entre el gobierno nacional y las provincias.

Los senadores buscaron reemplazar la famosa "ley Banelco".