Piden información sobre el cobro judicial de las multas por radares

Un edil venadense quiere saber por qué llegan cédulas con montos cuatro veces más altos que el valor de la multa

Venado Tuerto. - Un edil radical quiere saber por qué las multas generadas por el sistema de radares llegan multiplicadas por cuatro y por medio de cédulas prejudiciales. Además quiere conocer los motivos por los cuales el Tribunal de Faltas no realiza en tiempo y forma las notificaciones de las actas labradas a los presuntos infractores. Los interrogantes fueron planteados a través de una minuta de comunicación y también incluyen saber quién contrató a los estudios jurídicos que envían las intimaciones y cuál es el porcentaje que éstos cobran por dichos trámites.

La minuta en cuestión también requiere que se discriminen los montos de las multas que reciben tanto, el Municipio como la empresa concesionaria del sistema de radares, por las actas que son abonadas en el buffet de los abogados. Además pregunta si el Municipio, a través de su área jurídica y del propio Tribunal de Faltas, no se encuentra en condiciones para realizar el trabajo que fue tercerizado a estudios de abogados que "ni siquiera son de la ciudad de Venado Tuerto".

El autor de la iniciativa, el concejal Délfor Hernández, dijo que desde hace tiempo viene requiriendo un informe pormenorizado de las situaciones que se dan en el Tribunal de Faltas, en relación al cobro de las infracciones al sistema de radares ubicados en las rutas nacionales 8 y 33. Y acotó que de las mismas se infiere que "no se está asegurando la bilateralidad de la audiencia y el derecho de defensa del presunto infractor".

"Recibí numerosos reclamos por parte de vecinos de esta ciudad y de la región que fueron sorprendidos por cédulas prejudiciales que los condenan al pago de importantes sumas de dinero, que en algunos casos cuadriplican el valor de la multa supuestamente cometida", explicó Hernández. Pero fue por más, dijo que la situación se agrava porque los infractores no reciben con anterioridad ni el acta de infracción, ni notificación alguna que le permita proceder a su defensa.

"Por si todo esto fuera poco, en muchos casos, se recibe una cédula prejudicial que proviene de estudios jurídicos particulares reclamando pago y honorarios, sin poder el presunto infractor hacer nada ya que se les niega todo derecho a reclamo por estar en dicha instancia a la que llega sin conocimiento alguno", explica Hernández en su minuta de comunicación. Pero según los considerandos de la misma, hay algo peor: "ni siquiera se puede dialogar con los abogados firmantes ya que la mayoría de las veces no se encuentran en sus estudios o ni siquiera atienden los teléfonos, como el caso de una abogada de apellido Albergoli de la ciudad de Rosario".


Plan de pagos
Según el edil, otro caso no menos importante es el del estudio jurídico Couzo que si bien tiene dirección en Venado Tuerto, en dichas oficinas sólo atienden empleadas contratadas, que sólo pueden informar lo que se debe abonar y lo único que pueden hacer en un plan de pagos en cuota. Además, dijo que esto pone en evidencia una irregularidad manifiesta por parte del Tribunal de Faltas Municipal que en principio no procede a notificar en tiempo y forma al presunto infractor.

"Estas situaciones no se ajustan a derecho, han tomado estado provincial y llegaron a la Defensoría del Pueblo, que en muchos casos ha informado que no corresponde pagar lo reclamado por estos estudios jurídicos", sostiene Hernández en su escrito. Y agregó que en agosto de 2003, dicho organismo dictó una resolución recomendando a la Subsecretaría de Transporte de la provincia que revoque la autorización para realizar controles de velocidad con radares por el mero afán recaudatorio, como por ejemplo, en Venado Tuerto.

S.C.