Editorial

Las escuelas de conductores

Según resulta bien conocido por los lectores de La Capital, el tránsito rosarino es uno de los frentes críticos que se deben encarar si se pretende mejorar de manera concreta la calidad de vida de la ciudadanía. La cantidad de accidentes automovilísticos que se produce en la urbe, muchos con saldo fatal, no sólo es consecuencia de la imprevisible aparición de la tragedia sino, lamentablemente, del incumplimiento sistemático de las normas y de la negligencia generalizada de la población. Cómo cambiar ese dramático estado de las cosas es uno de los dilemas de la administración municipal de turno y debe admitirse que el desafío dista de presentarse como sencillo, ya que involucra cuestiones de índole cultural profundamente arraigadas en la idiosincrasia de los argentinos.

En ese marco se tornó preocupante la difusión en la edición del martes pasado de este diario de las serias irregularidades que afectan el funcionamiento de las escuelas locales que enseñan a conducir. Entre las numerosas anomalías detectadas en una auditoría efectuada por el municipio figura el que entre las once academias habilitadas en Rosario para funcionar existen algunas cuyos vehículos no cumplen con los requisitos mínimos y otras donde se desempeñan, insólitamente, instructores que tienen el carné vencido o multas impagas en su haber.

Tan paradójico, sin duda, como digno de la descalificación más absoluta. Sin embargo, en un país acostumbrado al despropósito y en el cual el encogimiento de hombros resulta por desgracia la actitud habitual en no pocos habitantes al enterarse de sucesos parecidos, difícilmente podría aludirse a la situación descripta como inesperada. En última instancia, lo que sucede no puede sino equipararse con el pésimo estado en que se encuentran muchos vehículos que circulan cotidianamente por las calles de la ciudad -poniendo en peligro tanto la vida de su conductor como las del prójimo-, con los ciclistas que doblan de contramano sin que nadie se digne sancionarlos o con los motociclistas que han visto un casco sólo en fotografías publicitarias.

El contralor estatal debe, por supuesto, reforzar su calidad y también resultaría necesario incrementar la dureza de los castigos a los contraventores. Pero debe insistirse en que los controles más eficaces y las normas más rígidas fracasarán en su cometido si la ciudadanía no comienza a modificar su mentalidad y a ser solidaria con tales medidas. Ella será, por supuesto, la principal beneficiaria del cambio.