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 domingo, 15 de febrero de 2004

El incremento en electricidad es inmediato, por el criterio de estacionalidad
Los aumentos del gas deberán ser aprobados por audiencias públicas
Requieren el aval de la comisión legislativa de renegociación de contratos. El gobierno seguirá los pasos

El gobierno salió a minimizar la incidencia de las tarifas de gas y electricidad sobre los costos de empresas, comercios y vehículos a GNC, y remarcó que actividades de menor envergadura, como el comercio minoristas no sufrirán aumento alguno. Aun así, comerciantes convocados por Fedecámaras anunciaron que realizarán mañana un acto de protesta contra los ajustes y elevarán al Congreso un petitorio para que los legisladores rechacen los decretos que autorizan el aumento. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, aclaró ayer que los aumentos de gas están supeditados a su aprobación en audiencias públicas, luego de escuchar críticas parlamentarias y empresarias que señalaban que el gobierno no iba a seguir los pasos establecidos por la ley de emergencia.

En diálogo telefónico con La Capital el ministro Fernández explicó: "Lo que se va a hacer para el gas es una elaboración técnica, que luego deberá tener el visto bueno del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. Y tras su aprobación el proyecto irá a una audiencia pública, no se ha obviado ningún paso".

Distinto es el caso de la energía eléctrica, acotó Fernández, porque "el secretario de Energía está autorizado a dar aumentos por la estacionalidad, que es lo que se está tratando en este momento".

La afirmación gubernamental respondió a críticas efectuadas por el diputado socialista Héctor Polino, miembro de la comisión bicameral de renegociación de los contratos, quien manifestó su intención frenar por la vía judicial el ajuste, formulando un planteo en el Congreso para que "se dejen sin efecto los decretos" que habilitan el aumento.

El gobierno anunció el viernes un incremento en las tarifas de energía eléctrica y gas para las medianas y grandes industrias y comercios, que regirá desde este mes y que excluye a los usuarios particulares y a los negocios chicos, no obstante lo cual desató una serie de críticas ante la posibilidad de que estos aumentos se trasladen a los precios.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, subrayó que los aumentos "atacan puntualmente a franjas de medianos para arriba", y aseguró que "el 90 por ciento (de los afectados) son proveedores de commodities que recibieron aumentos de precios fenomenales", tras la devaluación.

Por lo tanto, Fernández puso de relieve que "este incremento se transforma en un costo absolutamente mínimo".

El ministro también destacó que "las distintas actividades menores como quioscos, comercios, restaurantes y pizzerías, tendrán cero incremento". Y en el caso de los hipermercados, sostuvo que "en la distribución global de los costos variables, (el aumento) representa centavos".

En el caso de quienes trabajan con vehículos a GNC, y cuyo costo tienen incidencia en el precio, Fernández afirmó que "el aumento termina teniendo una incidencia en el mayor de los casos del 6 por ciento". Y para los taxis, aseguró que "la incidencia es entre 7 y 20 centavos por día. No creo que llegue a un peso por día".

Sin embargo, el presidente de Fedecámaras, Rubén Manusovich, anticipó que mañana, a partir de las 16, los comerciantes se concentrarán a protestar en Buenos Aires, frente a la sede de Repsol-YPF.

Manusovich denunció que con el ajuste anunciado por el gobierno "no se cumplió con la ley de emergencia económica", y advirtió que la suba "se traslada a toda la cadena industrial y comercial", por lo cual estimó que "en definitiva los consumidores van a tener que pagar este aumento".

"El gobierno nacional puede negociar aumentos de tarifas pero con la realización de audiencias públicas, cosa que no fue contemplada, y luego debe ser remitido al Congreso para su aprobación o no", indicó el titular de Fedecámaras. Por lo tanto, subrayó que "los parlamentarios tienen la capacidad institucional de opinar" sobre los ajustes.

Polino también criticó la postura del gobierno: "Dicen que este ajuste tendrá un efecto neutro para los consumidores y eso no es así", sostuvo acotó que esta decisión "aumenta el costo de las empresas que a su vez trasladan ese incremento a los precios". Así, consideró que "de manera indirecta, todos los habitantes del país recibirán el impacto de este aumento".

El legislador socialista indicó que "lo que hay que hacer es ceñirse al cumplimiento de la ley, algo que en el país al parecer es difícil por parte de los gobernantes".

Así, se refirió a la ley de emergencia económica lanzada por el gobierno de Eduardo Duhalde y que se prorrogó tras la asunción de Néstor Kirchner, que establece que no puede haber aumentos de tarifas hasta que la comisión de renegociación no se pronuncie al respecto, para lo cual se estableció un plazo que vence en diciembre de este año.

En consecuencia, aseguró que "como integrante de una entidad de defensa de los consumidores (Consumidores Libres), pienso ir a la Justicia para que haga cumplir la ley".

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El aumento del GNC preocupa a empresarios y particulares.

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