Venció la medida de protección dispuesta por la Justicia estadounidense

Los acreedores ya pueden pedir embargos sobre bienes argentinos

El gobierno no intentó una prórroga y ahora el juez Griesa deberá evaluar caso por caso

Los acreedores argentinos podrían iniciar pedidos de embargos sobre bienes comerciales del Estado luego de que venciera a última hora de ayer la protección que había establecido la Justicia estadounidense. El gobierno decidió no pedir una nueva prórroga y se mostró tranquilo ya que, de todos modos, el juez neoyorquino que lleva la causa impulsada por los tenedores de bonos recién tomará una decisión definitiva cuando se presenten los casos puntuales.

Armando Torres, vocero del Palacio de Hacienda, afirmó que "hoy (por ayer) vence la prórroga concedida por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, y el gobierno argentino no presentó un nuevo pedido".

Tras esta decisión adoptada por el equipo comandado por Lavagna, Griesa deberá evaluar desde la próxima semana si aceptará o no los pedidos de embargos que podrían cursar los tenedores de bonos argentinos en default.

En diálogo con la prensa, Torres señaló que el fin del período de protección "no quiere decir que el juez deba expedirse" sobre la habilitación de los embargos a los bienes argentinos en el exterior.

Según lo expresado en varias oportunidades, el gobierno argentino negó que cuente con bienes en el exterior pasibles de ser embargables.

El vocero del Ministerio de Economía aclaró que los representantes legales del gobierno argentino en Nueva York remitieron a Griesa un escrito para explicarle al juez estadounidense las cuestiones que hacen a las demoras sufridas en el marco del proceso de renegociación de la deuda en manos de tenedores privados.

Torres reveló que esto tuvo que ver con "el retraso del Fondo Monetario Internacional (FMI) en aprobar la primera revisión", ya que este trámite se esperaba que concluyera en el transcurso de diciembre último.

Según lo expresado en las últimas semanas por los acreedores en el exterior, la posición de los tenedores privados de títulos argentinos en default tendría por objeto disponer una ola de pedidos de embargos sobre los pagos de las deudas contraídas con los organismo internacionales por parte de la Argentina, y también para el pago de los Boden, emitidos con posterioridad a la declaración de la cesación de pagos.

Griesa admitió oportunamente que cualquier pedido de embargo sobre bienes argentinos en el exterior deberá ser tramitado con treinta días de anticipación ante su juzgado.

Los ahorristas residentes en la Argentina se mostraron pesimistas sobre las consecuencias que traerán los embargos porque consideran que "no hay muchas cosas para embargarle" al país.

En cambio, los denominados "fondos buitres" aguardan con expectativa los movimientos del magistrado, aunque por lo bajo apuestan a que el gobierno argentino modifique su actitud y se apreste a negociar con los acreedores mejorando la oferta de quita de capital del 75 por ciento.

En este marco, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, consideró que la posibilidad de accionar contra algún bien "es nula" y que en realidad la preocupación del gobierno es que "nos queremos reinsertar en el mundo de la mejor forma posible".

Fernández estimó que es "imposible" que se embarguen bienes de privados en el exterior, ya que ello "colisiona con el tema del derecho privado internacional", donde se expresa que este tipo de medidas "violan lo que es el derecho a la propiedad".

"No tengo dudas que el limitante que pueden tener los acreedores en bienes embargables es absoluto, y la posibilidad de accionar es nula, algunos bienes son inembargables", sostuvo el ministro.

Por otra parte, al referirse a la inamovilidad de la quita de 75% de la deuda privada, Fernández reiteró que "el gobierno no puede tener variantes: Argentina sale de una crisis muy profunda y asumió responsablemente su recuperación trabajando con lo que tuvo en la mano".

En ese sentido, recordó que tanto a los organismos internacionales como a los acreedores privados se les explicó que el pago del 25 por ciento del valor nominal de los títulos "es lo único que el Estado argentino puede pagar".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Ahorristas de la República Argentina (Aara), Carlos Báez Silva, lamentó que tras la decisión del juez Griesa de prorrogar durante 30 días las ejecuciones "el gobierno no aprovechó la oportunidad para dialogar".

Báez Silva desestimó que las ejecuciones beneficien a los bonistas, porque sostuvo que "no hay muchas cosas para embargar porque no hay demasiados activos en el exterior".

En tanto, Guillermo Gleizer, abogado de tenedores de bonos argentinos en Nueva York, sostuvo que el presidente Néstor Kirchner "se da cuenta que la chicanería no le queda nada bien", y estimó que "poco a poco" tomará conciencia que con la negociación actual "beneficia al usurero del mundo: el Fondo Monetario Internacional".

"Nadie le pide a la Argentina que pague más del 3% del Producto Bruto, eso está bien", afirmó Gleizer, quien propuso "que la quita de la deuda se la hagan al matón, al usurero, al Fondo Monetario Internacional".

El abogado de los bonistas señaló que "poco a poco el presidente Kirchner se está dando cuenta que esas chicanerías que se están mandando, esas bicicleteadas, en el fondo desprestigian más a la Argentina con los bancos e instituciones financieras que son las que dan los préstamos a menor interés, y quedan bien con el usurero del mundo, el Fondo Monetario Internacional".

Fernández cree "nula" la posibilidad de encontrar bienes embargables.