La multi aclara que no se va

La empresa multinacional Monsanto aseguró que su decisión de suspender la venta de semillas de soja en la Argentina debido al comercio ilegal no afectará el resto de sus inversiones en el país.

En un comunicado, la empresa dedicada a la producción y desarrollo de agroalimentos señaló que su decisión "en nada afecta el compromiso que la empresa mantiene con el productor argentino y con el país desde hace casi 50 años".

La unidad de negocios correspondiente al desarrollo de semillas de soja representaba menos del 5 por ciento de su facturación al momento de la toma de la decisión, informó Monsanto, que explicó que concentrará sus inversiones en los cultivos de maíz, girasol y sorgo, además del negocio de los agroquímicos.

Por otra parte, destacó que la decisión adoptada obedece a una "situación de ilegalidad preexistente" a este gobierno, que se vio "agravada" a fines de 2000 con la desaparición del Instituto Nacional de Semillas (Inase).

Por esto, la empresa manifestó su "pleno apoyo" a los esfuerzos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (Sagpya) tendientes a "combatir el flagelo de la semilla ilegal".

Finalmente, remarcó que "esta situación de ilegalidad no está relacionada con la actividad perfectamente legítima del agricultor de hacer uso de la exención denominada uso propio de semillas, es decir su facultad legal de utilizar la semilla que cosecha para su resiembra en sucesivas campañas".


Comercio ilegal
En reiteradas ocasiones, la Asociación de Reproductores y Productores de Obtentores de Variedades (Arpov) denunció "la venta ilegal de semillas" a través de las denominadas "bolsas blancas" que se realiza en un circuito marginal, por montos millonarios, eludiendo el pago de impuestos y regalías.

Este comercio se ve "favorecido por la falta de controles estatales eficientes" y por la diferencia de precios entre las semillas "certificadas" y las reproducidas clandestinamente.

La organización incluso avanzó en la realización de inspecciones, a través de una consultora, que fueron rechazadas por las entidades de producción.

El año pasado, las cuatro entidades del campo señalaron en un documento que estas inspecciones "son realizadas con actitudes intimidatorias, equivocando el blanco de los verdaderos infractores de la ley que es el comercio marginal".