La multinacional anunció que deja el negocio de semilla de soja

Monsanto calienta la pelea por regalías

Las semilleras advierten sobre las consecuencias del comercio ilegal. Productores denuncian aprietes

El anuncio de Monsanto de abandonar el negocio de la producción de semilla de soja en Argentina devolvió a primer plano un tema que será central en la política agropecuaria durante 2004: los cambios en el comercio ilegal de semillas.

Desde mediados del año pasado, la Secretaría de Agricultura, las entidades agropecuarias y las cámaras que agrupan a los semilleros vienen discutiendo una reforma a la actual ley de semillas, para ajustar la reglamentación del llamado uso propio y para convalidar o no los sistemas de regalía que ya están aplicando las empresas de insumos.

Aunque desde la multinacional que desarrolló el gen de la soja resistente a glifosato aclararon que el anuncio de su decisión de discontinuar el negocio de semillas de la oleaginosa, para concentrarse en maíz y sorgo, no forma parte de una presión al gobierno, en los hechos provocó que le secretario de Agricultura, Miguel Campos, saliera a aclarar que en febrero estaría definido el nuevo sistema de regalías globales.

Este sistema, por el cual se cobraría una tasa por cada bolsa vendida que para integrar un fondo que luego se repartiría entre los semilleros, es la alternativa de la Sagpya frente a las regalías extendidas que hoy aplican las empresas y que son rechazadas por ilegales por las entidades de producción.

El tema todavía está en discusión y enfrenta una cerrada oposición de los productores. El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) aseguró directamente que la decisión de Monsanto es "el tercer apriete" que la empresa lleva adelante "en el término de dos años".

El primero, según Vittori, fue "la no aceptación de la pesificación de las deudas de productores y proveedores con la empresa, a los que les exigió pagar en dólares, pese a las normativas vigentes, bajo el apercibimiento, a aquellos que se acogieran a las normas, de no proveerlos más".

El segundo fue "la pretensión de impedir la importación de glifosato desde China, hecho claramente beneficioso para el productor agropecuario y para el país, que con esas importaciones pudieron acceder a costos más bajos que los originados por Monsanto".

El tercero constituye "esta amenaza de retirarse del país, que se debe a la resistencia de los distintos sectores de la producción de aceptar el criterio de aplicación de las denominadas regalías extendidas sobre semillas desarrolladas originalmente por Monsanto".

Vittori explicó que "en este aspecto, cabe señalar que cuando el productor compra semilla original, paga un precio o una regalía por la investigación y desarrollo del semillero".

La pretensión de Monsanto "es que ese productor, que ya compró y pagó la semilla con investigación y desarrollo y que, además, aporta su tierra, su trabajo y los riesgos para producir el resultado agrícola que espera, tribute a Monsanto por la eventual utilización posterior de la semilla que compró y pagó con un diferencial de valor por marca, investigación y desarrollo del semillero".

Vittori señaló que "los otros problemas de Monsanto" son de "comercialización de semillas denominadas de bolsa blanca", cuya solución, para Vittori, "pasa por problemas de fiscalización de los organismos pertinentes".

En cambio, en el sector de los semilleros, las empresas se nuclearon frente al reclamo de Monsanto. De hecho, las empresas multinacionales ya en los últimos años desinvirtieron en investigación en Argentina en trigo y soja para concentrarse en productos como el maíz, por problemas relacionados con la propiedad intelectual.

En soja, el mercado local es dominado por empresas nacionales, fundamentalmente Nidera, que concentra casi el 60% de las ventas. Monsanto en los últimos años había comenzado a desarrollar una estrategia con empresas de productores para "tercerizar" su producción de semilla soja.

Las compañías de insumos coinciden en que el drama sobre el cual se plantea la polémica es que el porcentaje de semilla fiscalizada en soja y trigo que se vende en el país no supera el 20%. Aseguran que a largo plazo eso impactará en la investigación del sector y en la disponibilidad de nueva tecnología para los productores.

Según datos del mercado, en seis años se redujo a la mitad la venta de semillas certificadas de trigo y de soja. Muchas empresas decidieron desactivar sus programas de desarrollo de nuevas variedades.

Más allá de que todos coinciden en la necesidad de controlar la bolsa blanca, la discusión entre entidades de la producción y de la provisión de insumos se trasladó al campo "doctrinario".


El uso propio
Según un informe jurídico elaborado para la Federación agraria Argentina, las compañías de insumos están intentando echar las bases de una nueva doctrina en la materia, obligando a someter a la autorización de los obtentores cualquier uso que se le dé a la semilla, "incluso cuando se trata de productos de cosecha".

El año pasado, la Sagpya dicto una resolución, la número 52, que obliga a los productores que reserven semilla de soja, trigo y algodón para uso propio, a presentar una detallada información sobre la cantidad de semilla utilizada o a utilizar, y acreditar que la compró legalmente.

Según el dictamen del ex Inase que acompaña la resolución 52, la dinámica del comercio ilegal de semillas cambió en los últimos años. Actualmente, entre el 75% y el 80% de la semilla que no se fiscaliza "ya no se encuentra en galpones comerciales sino en campos, confundiéndose la semilla denominada de uso propio con la semilla ilegal".

En las discusiones que comenzaron a realizarse en la Secretaría entró en el debate también la adhesión de la Argentina al tratado Upov 91, un acuerdo internacional que protege los derechos de los obtentores.

Pero los federados han puesto gran parte de sus fichas en la oposición al proyecto de Agricultura para adherir al tratado Upov 91, un acuerdo internacional que protege los derechos de los obtentores. Argentina está adherida a la versión anterior del pacto, el Upov 78, que exceptúa a los agricultores de pedir autorización para destinar la semilla adquirida al uso propio para siembra ni la venta como materia prima.

Según las entidades, el nuevo acuerdo es más restrictivo y somete a la autorización del obtentor "todos los actos que puedan realizarse respecto del material de reproducción". Señalan que la adhesión a Upov 91 modificaría sustancialmente la actual ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que preserva el derecho del productor a usar variedades, con el fin de obtener semillas para su propia resiembra.

El 29 de octubre pasadose realizó una reunión de la Comisión Nacional de Semillas durante la cual todas las partes expusieron sus argumentos. Allí se conoció la propuesta de la Sagpya de restringir el uso propio a una superficie máxima de 53 ha. y excluir este derecho cuando se trate de semillas transgénicas.

Otro round en la pelea por el comercio de semillas.