Casildenses denunciaron abusos en el cobro de multas

Antes de la nueva norma para el control de la velocidad los ediles pedían medidas legislativas y judiciales

En el marco de las situaciones que sirvieron como antecedentes para la nueva ley sobre el funcionamiento de los radares en rutas de la provincia, recientemente el Concejo de Casilda había pedido a la Defensoría del Pueblo que impulsara acciones judiciales y reformas legislativas para poner coto a los abusos que se venían produciendo por juicios de apremios interpuestos por comunas y municipalidades para cobrar multas por supuestas infracciones de tránsito en rutas nacionales y provinciales.

La iniciativa había sido impulsada por el concejal Andrés Golosetti y hace referencia a que en los Tribunales de Casilda las multas cuestionadas provenían de localidades que utilizan radares para controlar la velocidad vehicular.

Si bien el deliberativo casildense al aprobar el pedido defendió el criterio de efectuar controles de tránsito en zonas pobladas para prevenir accidentes, consideró que "algunos gobiernos comunales tergiversan ese objetivo imprimiéndole al sistema un matiz exclusivamente recaudatorio, quedando los presuntos infractores sin ninguna posibilidad de ejercer su derecho de defensa en juicio".

Los ediles sostuvieron que "los controles de velocidad vehicular no pueden realizarse al margen de las normas establecidas ni violar garantías e imponer elevadas multas que en modo alguno guardan relación con las faltas presuntamente cometidas".

En los Tribunales ordinarios de Casilda recalan por jurisdicción las presentaciones contra presuntos infractores que resisten el pago de las onerosas multas. "Los apoderados de comunas de la zona que explotan el sistema de radares recurren a esta instancia con la intención de cobrar las multas por vía del apremio y reclaman sumas que en muchos casos multiplican varias veces el monto original", había denunciado Golosetti en su iniciativa.

Asimismo, aseguraba que "muchos demandados han sufrido medidas cautelares que implican embargos, inhibiciones y consecuentemente advertencia de remates de sus bienes".